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El proceso de privatización tiene que ser transparente

La decisión del gobernador Ricardo Rosselló de privatizar activos de la Autoridad de Energía Eléctrica es un paso acertado que debe resultar en un sistema de electricidad confiable y que sirva de agente sostenedor del desarrollo económico de Puerto Rico.

La AEE se creó para que el país contara con un sistema eléctrico integrado. En su momento sirvió a los ciudadanos. Impulsó la industrialización. Cumplió. Pero su cultura se intoxicó con la partidocracia. Ahora urge atemperar el sistema energético a las exigencias del futuro puertorriqueño, de la competencia global y de la inversión de capital. La privatización abre puertas para su modernización.

Tiene que estar claro que el proceso que lleve a cualquier modalidad de privatización requiere transparencia total. Tras el anuncio inicial, quedan muchas preguntas por responder. El gobierno tiene que identificar y explicar los escollos que anticipa con la apertura a la competencia. Y presentar soluciones.

Está pendiente el destino de la deuda, asunto complejo ante la consideración de la corte federal bajo el amparo del Título III de la ley Promesa. Está por verse cuánto armoniza la agenda de privatización con los proyectos que impulsa el coordinador de la revitalización de la infraestructura, cobijado por el Título V de Promesa. Y si el marco legal del modelo de negocio con el sector privado tendrá claro aval de la Junta de Supervisión Fiscal.

También falta saber si el proyecto que enmarcará la privatización establece las bases para la transformación radical del sistema. La privatización no es un fin, sino vehículo para hacer posible el desarrollo económico. Por eso tiene que alinearse y estar en función de un plan integrado y coherente que permita ese desarrollo sostenible.

Falta por conocer si la venta de plantas existentes de la corporación para construir plantas nuevas perpetuará el modelo actual dependiente de grandes generatrices. El gobernador ha dicho que aspira a que un 30% de la energía provenga de fuentes renovables. Queda por conocerse si las plantas nuevas seguirán basadas en fuentes fósiles.

La privatización como modelo de desarrollo tiene que trabajar para la eficiencia de la que ahora carece la Autoridad. Preparar la infraestructura eléctrica para resistir catástrofes climatológicas, como las del pasado septiembre. Con innovación tecnológica, debe abaratar costos.

También será necesario contar con un ente regulador que proteja los intereses de los ciudadanos. Ello incluye desde la legislación del marco legal hasta la culminación del traspaso de activos a la libre competencia.

El país conoce, porque lo vive de forma descarnada, la incapacidad de la AEE para ubicarse en la ruta de la renovación. Ha sido obstáculo para la generación de energía con fuentes renovables y costo-efectivas. Por más de una década cedió su infraestructura al deterioro por falta de mantenimiento. Mientras, se endeudaba más. La deuda gigantesca que impide su regresoa los mercados de valores habla por sí misma de la pobreza administrativa. Y revela las decisiones funestas que tienen su raíz en la politización.

Ahora, la privatización supone una gran oportunidad. También para grupos del tercer sector, y para los trabajadores, que proponen nuevas opciones y modelos de producción. Es hora de abrir paso a las oportunidades de transformación del sistema de electricidad obsoleto.

El momento le sirve a Puerto Rico para reflexionar sobre la responsabilidad compartida. Hasta dónde la condescendencia ante los desmanes de los partidos políticos ha sido cómplice en la ruina de los bienes públicos. Mientras, debe el gobierno tener espacio para ejecutar su plan sin que falte la fiscalización. Dejemos que fluya el proceso en aras de transformar el sistema energético para que sea motor del desarrollo económico de nuestro país.

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