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El sistema de retiro clama por una solución viable

Puerto Rico necesita retomar de inmediato, y con seriedad, la búsqueda de respuestas viables y permanentes a la crisis de los sistemas de retiro público, cuya insuficiencia financiera da cuenta de la imposibilidad de seguir sufragando una estructura empeñada en desafiar la flaca condición del presupuesto gubernamental, y la razonabilidad que debe predominar en todo programa de pensiones.

El déficit actuarial de $56 mil millones que pesa sobre los sistemas retrata con elocuencia la incapacidad de los empleados públicos activos, y de los trabajadores del sector privado a través de sus contribuciones al Fondo General, de continuar costeando un plan tan oneroso.

Planes de retiro como los del gobierno puertorriqueño no existen en el sector privado, donde el trabajador puede tener la oportunidad de alimentar su fuente de sustento para sus años de inactividad laboral. El examen de alternativas para encontrar una solución racional a mediano y largo plazo debe incluir modelos de retiro privados.

Mientras tanto, es preciso solucionar lo inmediato: el incumplimiento de municipios, agencias y corporaciones públicas con el andamiaje legal diseñado el año pasado para pagarles a los pensionados del gobierno. El Fondo General ha asumido los pagos mediante el mecanismo Pay Go desde que en 2017 las entidades públicas dejaron de aportar de forma directa a los sistemas de retiro. Por ley, las entidades deben restituir ese dinero al gobierno central.

Pero un informe reciente reveló que las corporaciones y agencias públicas, y los gobiernos municipales no cumplen a cabalidad con sus correspondientes aportaciones al Fondo General. Por ejemplo, 14 de los 78 ayuntamientos no habían acatado su obligación al cierre del año fiscal 2017-2018.

Es obvia la dificultad de las dependencias públicas para reembolsar al Fondo General los pagos de las pensiones. Carecería de lógica una respuesta basada en aumentar más los impuestos para seguir costeando lo imposible.

Por tanto, hay que dar paso a un diálogo consciente de la seriedad del problema, que alcance una respuesta razonable y costeable. El objetivo de solución debe ser una fórmula de pensiones cuyo financiamiento se fundamente en fuentes de ingresos regulares y asequibles. De ello depende la tranquilidad de miles de ex servidores públicos y la certeza del cuadre del presupuesto del país.

La respuesta debe surgir de los componentes del gobierno de Puerto Rico con injerencia en las pensiones, la Junta de Supervisión Fiscal y la comunidad de jubilados.

Las conversaciones deben incluir el examen de los estatutos que se diseñaron para poner coto a la insolvencia de los sistemas, así como la viabilidad del compromiso del gobierno local de mantener las pensiones intactas.

Así puede entregarse una propuesta de consenso para solucionar el problema, al Tribunal Federal que atiende la deuda del país a través del Título III de la ley Promesa.

Recordemos que la incapacidad decubrir el déficit actuarial de $56 mil millones de los sistemas de retiro es uno de los obstáculos más serios de cara al objetivo de balancear el presupuesto del gobierno en el año 2020, y de reestructurar las obligaciones bajo Promesa.

La tarea es hallar un modelo que provea una pensión razonable para la tranquilidad de los cerca de 170 mil jubilados. Es de esperar que una reforma del sistema tenga impacto inmediato en las economías de pensionados y sus familias, debido a la precariedad fiscal. Por ello, la solución al actual desfase financiero debe enmarcarse en un balance de justicia social mediante la atención a los más vulnerables.

Puerto Rico no entrará de lleno en la ruta de la recuperación hasta que encuentre la solución al problema de los sistemas de pensiones. Se puede lograr con la sensatez de todas las partes y con voluntad de poner los pies en la tierra a la hora de establecer las prioridades en la gerencia de los recursos públicos.

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