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El sistema energético tiene que ser limpio

La declaración federal de que en Puerto Rico, tristemente, ubican dos de las seis zonas en Estados Unidos que incumplen los niveles permitidos de azufre, a causa principalmente de centrales generadoras de electricidad, refuerza la urgencia de cambiar el curso de producción energética local para utilizar fuentes renovables, saludables para las personas y el ambiente.

La declaración, emitida por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) el 21 de diciembre, se basa en análisis de muestras tomadas en la isla entre junio de 2011 y mayo de 2017. La agencia identificó a las centrales de San Juan, Palo Seco y Aguirre, de la Autoridad de Energía Eléctrica como las principales fuentes de emisión del dióxido de azufre. Dicha revelación constituye un retroceso en el historial de cumplimiento con los estándares de calidad de aire que costaron años de fiscalización del ente regulador y una incansable lucha comunitaria.

Designadas como “no logro” en las clasificaciones de la EPA, la zona de incumplimiento en San Juan comprende el municipio de Cataño y partes de Toa Baja, San Juan, Guaynabo y Bayamón. En el sur, la zona de “no logro” es la cuenca de Guayama-Salinas constituida por partes de Salinas. El resto de Puerto Rico fue clasificado como “logro/inclasificable”, designación utilizada cuando se cumplen los estándares o no hay violaciones a otras normas.

Aun así, la zona de Arecibo no ha sido clasificada como zona en cumplimiento, en espera de un extenso proceso regulatorio que incluye acumular tres años de datos sobre emisiones y elaborar un plan de mantenimiento. Previo a la declaración de diciembre, esa zona incumplía los estándares de plomo por emisiones atribuidas a la empresa Battery Reclycling, que ya cerró operaciones.

La sustancia que excede los niveles permitidos en las nuevas zonas, el dióxido de azufre, es un gas de olor acre, que se origina principalmente por la quema de petróleo y de carbón en las prácticas eléctricas. Su exposición a niveles muy altos puede ser fatal. A largo plazo puede afectar la función pulmonar, inflamar las vías respiratorias y agravar el asma. Esta amenaza a la salud pública repercute, a su vez, en la aguda crisis económica y fiscal de Puerto Rico por los altos costos médicos que supone y porque lacera el bienestar y, por ende, la productividad de las personas.

La amenaza es mayor en un país donde, según el Perfil Epidemiológico de Asma del Departamento de Salud de 2014 -el más reciente disponible en su portal digital-, la prevalencia de asma en Puerto Rico mostró de forma consistente porcentajes más elevados a los de Estados Unidos entre 2005 y 2014. También la prevalencia de ese desorden respiratorio crónico fue mayor entre adultos de Puerto Rico en comparación con los de Estados Unidos durante el mismo periodo. Según los datos de Salud, para 2014 el asma aquejaba a más de 415,000 personas en Puerto Rico.

Tras los hallazgos en el mencionado periodo de seis años, la EPA ordenó a la Junta de Calidad Ambiental elaborar un plan para que la AEE cumpla con los estándares permitidos, cuya base son, precisamente, la salud pública y el ambiente. Para ello tiene 18 meses. La AEE tendrá cinco años para demostrar cumplimiento.

Mientras, la AEE y el Coordinador de Revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal tienen la responsabilidad de procurar que la transformación del sistema energético de Puerto Rico no conlleve nuevas amenazas para la salud de las personas. De un sistema diseñado para una realidad que quedó atrás hace décadas, el sistema energético de Puerto Rico tiene que levantarse sobre modelos de fuentes renovables.

El país aspira a contar con un sistema energético de primera, costo efectivo, que produzca energía limpia y barata, con un suministro estable, que sea confiable, para reactivar la economía. Aspira a que ese sistema sea sostenible. Para lograrlo, es menester que asegure aire, aguas y suelos limpios. Tiene que ser seguro para la salud pública y el ambiente.

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