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El Tribunal decidirá el futuro de la gobernación

Puerto Rico disfrutaría hoy de mayor sosiego si su crisis de gobernanza, nacida del repudio público al anterior gobernador, se hubiera atendido con el mayor desprendimiento de parte de todos los actores de la clase política llamada a cumplir con su responsabilidad constitucional.

No ha ocurrido así. El secretismo en el que el poder nominador mantuvo el proceso de transición y el nombramiento del secretario de Estado, y la lentitud e inacción del Senado, convirtieron la crisis política en una legal, cuya solución el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, puso anoche en las manos del foro judicial.

El presidente del Senado pidió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que ordene a Pedro Pierluisi que cese de inmediato de ejercer las funciones de gobernador, posición a la que juramentó, de acuerdo con el legislador, a base de una interpretación incorrecta de la Ley 7 de 2005, la cual este considera inconstitucional. Rivera Schatz argumenta que el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado no ha sido ratificado por el Senado, lo cual le impediría asumir la gobernación como manda el orden de sucesión.

Lo mejor para el país y su institucionalidad hubiera sido que la persona nominada para la Secretaría de Estado hubiera sido confirmada por ambos cuerpos legislativos dentro del periodo cubierto por la sesión extraordinaria, antes de la salida del anterior gobernante. Así habría podido asumir la gobernación en observación del orden de sucesión sin que mediara controversia legal alguna.

La Cámara de Representantes actuó dentro de los términos, celebrando una audiencia pública sobre la confirmación y la posterior votación sobre la nominación de Pierluisi, juramentado secretario de Estado durante el receso legislativo. No obstante, el Senado prejuzgó y rechazo de antemano al nominado, y retrasó los trabajos senatoriales hasta después de la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación.

Lo deseable hubiera sido también que, ante la urgencia de legitimidad y transparencia en torno a la presente gobernación, el Senado hubiera celebrado una audiencia pública en la que Pierluisi respondiera las preguntas del cuerpo de senadores.

El Senado canceló anoche la vista de confirmación para secretario de Estado. Pierluisi debió haber expresado su disponibilidad para asistir y contestar las preguntas de los senadores, a pesar de haber sido citado cuando ya había asumido la gobernación y su predecesor había dejado el cargo. El voto del Senado, a favor o en contra, habría evitado el actual conflicto legal que prolonga la crisis de gobernanza.

Al presente, la controversia está en manos de la Corte. Están enfrentadas interpretaciones sobre la aplicabilidad de la Ley de Sucesión, Ley 7 de 1952, según enmendada en 2005, y sobre la preeminencia de la Constitución.

Como otros letrados, Pierluisi ha reconocido la aplicabilidad de la Ley 7, al entender que esta permite que un nominado a secretario de Estado asuma el cargo en propiedad si la nominación de produce, como en su caso, durante un receso legislativo.

Otros expertos plantean que prima la intención expresa de la Constitución de asegurar que quien gobierne cuente con el favor del pueblo. Según estos, por ser el secretario de Estado un funcionario designado por el gobernador sin que medie mandato directo de los constituyentes, para que pueda ocupar la gobernación en propiedad debe contar con el aval de ambos cuerpos legislativos, cuyos miembros fueron electos en votación general.

Debe estar claro que la estabilidad de Puerto Rico es prioridad. Luego de semanas en que el pueblo ha expresado su clara indignación con la clase política, Puerto Rico merece y necesita recuperar su gobernanza y salvar su institucionalidad. Numerosas agencias del gobierno continúan acéfalas, mientras sigue en pausa - provocada por la crisis prolongada - los casos de reestructuración de la deuda bajo el Título IIII de Promesa. Urge retomar las relaciones con Washington para devolverle credibilidad a los procesos mediante los cuales la isla distribuirá los fondos federales asignados a la recuperación.

Por ello y para recuperar la paz social, los procesos y los funcionarios al mando del gobierno en los 17 meses que restan del cuatrienio, tienen que contar con legitimidad y confianza ante los ciudadanos.

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