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En ruta la transformación energética de Puerto Rico

El marco legal que da paso a la privatización de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica marca una etapa trascendental en la ruta hacia la sostenibilidad energética de la que depende el desarrollo de Puerto Rico.

Coincidimos con el gobernador Ricardo Rosselló en que la pieza legislativa da la bienvenida a una nueva política pública energética que, respaldada por un eficiente marco regulatorio, permitirá la necesaria transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. La política pública y el marco reglamentario específicos deberán estar listos en 180 días, a partir de la sesión legislativa que comienza en agosto.

Estamos, pues, en la antesala de un proceso de modernización del sistema eléctrico que invita a invertir en la energía renovable y limpia, y en los procesos que se plasmen en justicia energética para negocios y familias.

Por ello es menester supervisar su correcta ejecución mediante planes concretos y transparentes.

El marco regulatorio debe suplir las guías para los procesos de privatización y viabilizar nuevas fuentes de energía. La certidumbre de la normativa es clave para alimentar la confianza del inversionista. Y la transparencia inyectará credibilidad al nuevo modelo energético, fortalecido con componentes privados.

En ese sentido, es saludable que se mantenga la Comisión de Energía como ente regulador y fiscalizador. Este ha sido uno de los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal para su certificación del plan fiscal de la corporación y de las reformas contempladas en el plan del gobierno estatal.

El proyecto viste a la Comisión de autoridad sobre la aprobación de algunas tarifas. Le confiere la supervisión del desempeño y cumplimiento de los contratos de los privatizadores, aunque no le permite enmendarlos o revocarlos.

Es positivo que la certificación del cumplimiento de las transacciones con la política pública recaiga en la Comisión. Confiamos en que se asegurará su independencia de criterio y acción. Debe estar claro que las acciones regulatorias existen en función de proveer al sistema la capacidad y eficiencia que la recuperación de Puerto Rico necesita.

El nuevo andamiaje legal incluye la apertura de la generación de energía y otros activos al mercado de competencia privada. Al mismo tiempo, permite la adjudicación de concesiones para las operaciones de los sistemas de transmisión y distribución y servicios, tales como la facturación, bajo el vigente modelo de alianzas público privadas.

Es importante que la política pública se traduzca en la práctica estableciendo parámetros claros de sana competencia por el mercado energético insular, así como protecciones al consumidor. Deben materializarse la integración de fuentes de energía renovable y la consecuente reducción de la dependencia del petróleo; estructuras de distribución nuevas como las microrredes; y el diseño de estrategias para la reducción de los costos de electricidad.

La Asamblea Legislativa se reservó para sí la aprobación de las contrataciones con ciertas salvaguardas de transparencia para evitar, por ejemplo, conflictos de intereses. El marco legal provee seguridad de empleo a los trabajadores que pudiesen afectarse, también para retener la experiencia en el servicio público.

No escapamos a la realidad de que el proyecto de renovación eléctrica encara retos. Estos emanan de la deuda de $9,000 millones, y de las estructuras y procesos anquilosados de la Autoridad.

Pero el sistema cuenta con una clientela que sobrepasa el millón de abonados, la cual supone una facturación saludable. Cuenta, además, con el respaldo del gobierno federal, que prometió presentar este verano un modelo para rehacer el sistema haciéndolo más resistente, y cuantiosas asignaciones de fondos.

El proceso de privatización debe responder al reclamo del pueblo de un sistema moderno, fuerte, con fuentes diversificadas de energía y tarifas justas. Después de todo, la energía eléctrica es pieza esencial para el bienestar ciudadano y el desarrollo económico.

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