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Erradicar la violencia de género exige voluntad

La tarea de combatir de forma efectiva la violencia de género sigue lastimosamente postergada en Puerto Rico. Como paso básico para asumir esa responsabilidad legal y moral, las autoridades públicas deben atender correctamente cada una de las querellas sobre actos sospechosos de lacerar la integridad física, emocional o psicológica de las víctimas.

Para alcanzar ese objetivo, es imperativo procurar que los procesos investigativos de las denuncias de violencia de género no incurran en la revictimización de las personas abusadas. Es preciso, además, garantizar el cumplimiento ágil de los procedimientos que permitan procesar y sentenciar a los agresores.

Durante los primeros 49 días de 2020, la Policía de Puerto Rico reportó 406 incidentes de violencia de género. De ese total, 337 casos se relacionan con agresiones contra mujeres. En el mismo término, se registraron ocho asesinatos de féminas, aunque a esta fecha no se ha determinado si alguno de los crímenes está vinculado a situaciones de violencia machista.

En 2019, la cifra de ataques letales en los que se identificó la violencia de género como móvil incluyó a 13 mujeres, según el reporte preliminar de homicidios de la Policía fechado al 31 de diciembre pasado. Antes de culminar ese año, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico, la Colectiva Feminista y otras organizaciones reclamaron al gobierno declarar una emergencia nacional ante la crisis de violencia de género.

En respuesta, la gobernadora emitió una alerta por violencia machista con la expectativa de rendir cuentas sobre el “cumplimiento fiel y estricto de las leyes y reglamentos promulgados a tono con la política pública de no violencia contra las mujeres”.

Hoy, ante la persistencia elevada de casos, preocupan los señalamientos sobre falta de recursos para poner en vigor los protocolos de protección a las víctimas de violencia de género. Inquieta la denuncia específica de que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres carece de recursos para hacer cumplir la letra del estatuto. No pueden quedar ignorados los planteamientos sobre la incapacidad práctica de ejecutar las medidas dispuestas por ley para combatir este grave problema de seguridad social.

El gobierno —al igual que decenas de organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres, y por la protección de la familia, especialmente por los niños que sufren el terrible impacto de la violencia machista— reconoció a fines de 2019 que es imperioso poner en marcha un plan de respuesta bien estructurado y abarcador.

El referido plan aspira a poner freno a los escollos que las mujeres enfrentan al denunciar ante las autoridades actos de violencia machista. De acuerdo con los testimonios de ciertas querellantes, la respuesta oficial tiende a minimizar la gravedad de la denuncia.

Es hora de poner en práctica la palabra empeñada. La clave para avanzar en la erradicación de este problema social es hacer cumplir la política pública vigente y poner fin a las deficiencias en los protocolos. El reclamo serio de víctimas y de expertos incluye también mejorar la supervisión de los casos en todas las agencias concernidas. Además, supone entrenar al personal para que maneje los casos tratando con empatía y dignidad a las víctimas.

La rama judicial ha creado ocho salas especializadas para atender la violencia de género. No obstante, persisten las quejas sobre la lentitud de los procesos. Conviene también revisar las penalidades de los agresores porque algunas víctimas siguen en condiciones de inseguridad al culminar los trámites ante las autoridades. El 60% de los procesados queda libre mediante sistemas de desvío.

Reafirmamos que combatir la violencia de género exige voluntad gubernamental. Resolver el problema demanda determinación y compromiso político. Este año, más allá de promesas electoreras, el país exige acciones concretas e inmediatas. Espera, asimismo, iniciativas precisas para, desde la esfera educativa, construir con paso firme una sociedad que reconozca la igualdad y el respeto pleno para todos los seres humanos, sin distinción de género.

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