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Es crucial despejar la ruta de la desconfianza

Las reservas por las que la Agencia Federal de Manejo de Emergencia y el Departamento del Tesoro no han desembolsado un préstamo de emergencia para lidiar con el desastre que dejó en Puerto Rico el huracán María subrayan un mensaje de desconfianza hacia el gobierno local que se ha vuelto constante desde el gobierno federal.

Al gobierno de Puerto Rico le corresponde hablarle claro al Tesoro federal y a la Junta de Supervisión Fiscal. También el país necesita tener certezas sobre la realidad fiscal.

Saber al detalle cuánta liquidez tiene el gobierno y hasta cuándo durará esa liquidez es imprescindible para recuperar credibilidad allá y aquí. De ello dependen asuntos vitales como la negociación de la deuda pública, las oportunidades de atraer inversión y los planes que desarrollen empresas, suplidores, empleados y el resto de los ciudadanos.

Cuatro meses después de huracán, el gobierno no ha podido allanar el camino para recibir los fondos necesarios para la primera fase de recuperación del país.

Abona a la confusión el doble discurso del gobierno sobre la renuencia federal a desembolsar el dinero. El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela, aduce que el gobierno continúa en negociación con el Tesoro desde octubre. Dice que las autoridades federales no han informado aún qué condiciones específicas deben incluirse en la política pública por la que espera FEMA.

Por otro lado, el gobernador Ricardo Rosselló sostiene que el gobierno federal y el Tesoro ya acordaron liberar los fondos cuando las arcas públicas toquen fondo.

Mientras, Portela se niega a divulgar su respuesta a la carta reciente de FEMA en la que avisa la retención del préstamo. Atribuye la negativa a la negociación. Pero se trata de un asunto de máximo interés público.

La crítica situación del país, triplemente devastado por la precariedad fiscal y económica y por los destrozos que dejó el huracán de septiembre, exige que el gobierno deponga su actitud de ofrecer excusas para resistir exigencias federales y la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal.

Le toca abrir libros y proveer números precisos sobre lo que tiene y cómo usará lo que reciba. Urge un diálogo franco con el Tesoro y la Junta de Supervisión Fiscal. Y aceptar los mecanismos que sean necesarios para asegurar el uso responsable de los fondos.

El debate prolongado y estéril del gobierno local con las autoridades federales, incluida la Junta Fiscal, ha retrasado por demasiado tiempo la recuperación del país. Quedan miles de familias sin luz alrededor de la isla, aún avenidas principales de la zona metropolitana están sin semáforos, los policías siguen sin recibir su justa compensación por las horas extra. Los suplidores del gobierno, como el resto de los comerciantes, hacen de tripas corazón para sobrevivir la precariedad. Mientras, cientos de familias se convencen cada día de mudarse al norte en busca de mejores condiciones de vida.

Después que se desembolsen los $4,900 millones autorizados por el Congreso para atender la emergencia que causó el huracán, Puerto Rico necesitará muchos millones federales más para echar adelante la reconstrucción. Los retos del país son monumentales. Se enfrenta al impacto de la reforma contributiva federal, al abismo presupuestario en salud y a la urgente necesidad de estimular la actividad productiva. Tiene que prepararse para resistir embates climáticos futuros y desarrollar un modelo económico que sea duradero. Todo depende en gran medida de que el gobierno recupere la confianza federal, de inversionistas, de bonistas y de los ciudadanos. En la medida en que deja la impresión de que no habla con claridad, cualquier acción futura quedará cuestionada.

Por eso, disolver de una vez los obstáculos que han retrasado el acceso al préstamo federal es una oportunidad preciada para crear un buen precedente. Así despeja el camino para las ayudas necesarias.

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