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Es hora de encaminar la reforma policiaca

Los cambios recientes de monitor federal en el proceso de Reforma de la Policía no deben alejar a las partes del fin mayor de profesionalizar esa importante agencia estatal, cónsono con las necesidades de seguridad en Puerto Rico.

Con la sustitución de Arnaldo Claudio por el exjefe policial John Romero, el juez federal Gustavo Gelpí, quien preside el caso de la Reforma, asegura la continuidad en un proceso que busca impartir una cultura de respeto a los derechos de los ciudadanos en el cuerpo policiaco.

Romero, exjefe de la policía de la ciudad de Lawrencee, Massachusetts, y miembro de la Policía de Nueva York durante 30 años, así como el grupo de expertos designado por el juez federal para asistir al nuevo monitor, formaron parte del equipo de trabajo de Claudio. Esto reduce el impacto del cambio.

La Reforma debe propiciar que la Policía ejerza su labor de forma ordenada y responsable, y que implemente mecanismos confiables de rendición de cuentas. Esos méritos deben caracterizar, también, el propio proceso. La meta es asegurar la protección de los derechos civiles y el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades, con adiestramiento a los agentes en las mejores prácticas policiacas y las herramientas necesarias para luchar contra el crimen.

El caso en curso responde a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que en 2011 reveló, entre otros hallazgos, el uso de fuerza excesiva, registros y allanamientos irrazonables, así como otras conductas impropias dirigidas a suprimir el ejercicio de libertad de expresión. Dichas acciones violentaron derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos.

Entre los cambios para lograr una reforma sostenible, la Policía se comprometió con Justicia federal a realizar intervenciones profesionales y respetuosas, a desarrollar políticas y procedimientos que establezcan la aplicación del uso de fuerza necesaria y razonable y a imponer medidas disciplinarias criminales o civiles a cualquier agente que se exceda en el uso de la fuerza. También se comprometió, entre otros acuerdos, a realizar registros y allanamientos cobijados por la ley y que respondan a estrategias para prevenir el crimen. Debe, además, asegurar la prestación objetiva de sus servicios, libres de prejuicios. Todo ello requiere desarrollar un programa de reclutamiento de las personas más aptas y cualificadas, así como políticas, protocolos y manuales de procedimientos que reflejen las prioridades y valores acordados. Conlleva adiestramientos, supervisión, administración y procesos disciplinarios efectivos. Y requiere actualizar su tecnología para optimizar su gestión. Sobre todo, requiere estrechar relaciones de respeto, confianza y colaboración con las comunidades como base para la seguridad pública

Bajo la tutela del juez Gelpí, y mediante la figura del monitor, han sido documentadas las áreas de oportunidad le quedan aún al cuerpo policial para robustecer sus operaciones impregnado por un alto sentido de compromiso hacia todas las personas y con apego inquebrantable a los valores democráticos.

No obstante, durante los pasados años, el alto mando policial ha dado señas preocupantes de falta de voluntad para llevar a cabo las reformas necesarias. La renuencia al cambio se vincula a confrontaciones innecesarias entre la administración y el monitor saliente. La llegada de nuevas figuras, como el secretario de Seguridad Pública y el recién designado monitor, fertiliza el terreno para tender puentes.

Al abandonar el cargo de forma abrupta, Claudio dejó tras de sí interrogantes que deben quedar aclaradas para mantener la pureza del proceso. Entre sus señalamientos, imputó despilfarro de fondos que deberían estar destinados a los cambios culturales, operacionales, estructurales, investigativos y educativos que mejoren las políticas y prácticas de la Policía.

Despejar las sombras permite que los ciudadanos confíen en la pulcritud de las entidades encargadas de encaminar los cambios necesarios en la Policía. Los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de seguridad y para ello necesitan confiar en sus instituciones de ley y orden.

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