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Es imperativo hacer frente al lastre de la corrupción

“Tantas veces, que da vergüenza”. Pronunciadas ayer por la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, estas palabras transmiten la frustración e indignación de todo un pueblo ante el nuevo episodio de posible corrupción gubernamental que humilla a Puerto Rico.

La deshonra es mayor por la escalada que revela el desfalco imputado: un esquema que entrelaza a agencias con la participación expresa de sus titulares y con igual rol protagónico de ejecutivos del sector privado. Los actos de los seis acusados le habrían costado a Puerto Rico $15.5 millones federales que debieron servir a nuestras poblaciones más vulnerables en las áreas críticas de educación y salud.

Estas acusaciones, las primeras que surgen de una serie de investigaciones federales en curso en Puerto Rico, asestan un golpe funesto a la administración del gobernador Ricardo Rosselló. Los implicados incluyen a las exjefas de dos agencias con misiones prioritarias en la plataforma del mandatario, y que atienden a casi 1.5 millón de personas con escasos recursos.

Como secretaria de Educación, la hoy acusada Julia Keleher tuvo a su cargo el diseño de lo que sería la transformación abarcadora del sistema, que incluyó el cierre de escuelas, la implementación de vales educativos y el modelo de escuelas chárter. Rosselló se disponía a retenerla como colaboradora cuando Keleher renunció en medio de versiones de que era investigada.

Ahora, las acciones atribuidas a la exfuncionaria obligan a rememorar el desfalco de $4.3 millones protagonizado por el otrora secretario Víctor Fajardo, por el cual Educación estuvo años bajo sindicatura federal.

El escándalo en la Administración de Seguros de Salud no favorece los esfuerzos para lograr que el Congreso asigne fondos al plan de salud del gobierno, que cobija a 1.1 de personas médico-indigentes. Bajo la marca Vital, el seguro público fue reformado para operar a través de toda la isla como una sola región para facilitar el acceso y ampliar los servicios.

En ambos casos, es inexcusable la falta de controles que habría permitido a los imputados el desvío de fondos. Las autoridades federales han advertido de más arrestos. Investigan en los departamentos de Salud, Educación y Hacienda; en la legislatura; y en varios municipios, incluido Mayagüez.

El mal sistémico de la corrupción ha despojado a Puerto Rico de recursos y servicios. Ha corroído la credibilidad del gobierno, convirtiéndose en factor para el retraso en los desembolsos de las ayudas federales para la reconstrucción tras los ciclones de 2017.

Nuestro país sufre crisis de confianza en sus instituciones y, por tanto, de gobernanza. Corresponde a la clase política establecer procesos y estructuras que protejan a los puertorriqueños de la recurrente vergüenza de la corrupción.

Como colaborador clave de la gestión pública, también el sector privado tiene que asumir la transparencia y valerse de mecanismos de fiscalización como elementos fundamentalesde su relación con el gobierno. Los poderes, responsabilidades y procesos de la gestión pública deben estar claramente delimitados y ser respetados.

Pese al duro impacto a las instituciones y a la siquis colectiva que los eventos recientes ocasionan, Puerto Rico tiene razones para perseverar en la agenda de recuperación. Los cargos de ayer son resultado de la denuncia y cooperación de funcionarios que se negaron a darle la espalda al pueblo. El pliego acusatorio da cuentas de empleados que advirtieron de las irregularidades y honraron sus cargos como servidores públicos.

Confiamos en que las investigaciones federales, con la cooperación del gobierno local, identifiquen a quiénes hayan fallado. Es preciso sacar a la isla del atolladero de la corrupción, del desprestigio y de la desmoralización.

Mientras los procesos investigativos siguen su curso, el gobierno tiene que responder al mandato de confianza que el pueblo le ha depositado. En lo inmediato, le corresponde velar por que los casos alegados no afecten las asignaciones que proveerían servicios salubristas y herramientas educativas de movilidad social a miles de personas de escasos recursos en la isla.


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