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Es importante proteger a médicos y pacientes

La ley que crea un Panel Especial para Casos de Impericia Médica Hospitalaria en Puerto Rico se propone atender la necesidad de determinar, sin retraso, los méritos de este tipo de denuncia, cuya dilucidación judicial puede demorar hasta una década. Esperamos que su puesta en vigor salvaguarde los derechos de las partes en controversia, en el objetivo de hacer justicia.

El éxito del estatuto radicaría en su contribución en el forjamiento de un sistema de salud más estable, al resolver con mayor celeridad disputas que desalientan el ejercicio de la medicina en la isla y propician el éxodo de galenos especializados. Esa fuga de talento se traduce en menos opciones de atención y tratamiento para los pacientes.

La nueva ley debe aportar a la protección de los médicos de querellas frívolas, al igual que a los pacientes que podrían estar genuinamente afectados por la falta de pericia o la negligencia de algún galeno. Las malas prácticas en la medicina son intolerables y tienen que combatirse de forma eficaz.

El nuevo estatuto crea un comité de tres miembros cuya función “se limitará a hacer una determinación preliminar sobre los méritos de la demanda, fundamentar detalladamente la misma y recomendar si se impone o no una fianza a la parte demandante para que el caso pueda continuar”.

No obstante, estipula que ese paso se puede obviar, si el demandante somete un informe pericial o si el juez entiende de entrada que la demanda no es frívola. El Panel determinaría que no procede una demanda de impericia médica cuando es claramente innecesaria o irrazonable, o cuando no tiene razón de ser ni peso o lógica alguna, dispone la recién firmada ley.

Para encaminar la puesta en vigor del estatuto, será clave afinar un reglamento adecuado sobre las funciones del Panel, a la luz de los fundamentos de su constitución.

Además, es necesario definir las dietas sugeridas para los evaluadores y procurar que se cumpla el interés consignado en la ley de que su implantación no represente una carga fiscal para el gobierno.

Esta ley, de acuerdo con sus propulsores, busca frenar el creciente movimiento de médicos que se marchan para establecerse en los Estados Unidos u otros países, donde los seguros contra la impericia médica y otras protecciones resultan menos onerosos.

En Puerto Rico, organizaciones que representan a los galenos han estimado que de 2015 a 2017 se marcharon de la isla 8,143 doctores especialistas. Pero, tras la devastación causada por el huracán María, temen que la frecuencia en esta fuga de talentos haya incrementado.

De mantenerse el éxodo de especialistas, la adecuada atención de pacientes con condiciones serias está en riesgo, sobre todo para enfermedades con alta prevalencia, como cáncer y diabetes. Para el verano pasado en la isla había solo 21 oncólogos, 27 hematólogos, ocho hematólogos oncólogos pediátricos y 33 endocrinólogos.

El tema de la impericia médica, sin embargo, no es el únicofactor que debe atenderse. La clase médica también alude a los altos costos operacionales, a la dilación en pagos por parte de aseguradoras, y a la desigualdad federal en los desembolsos de Medicaid y Medicare como razones que alientan a cerrar la práctica de la medicina aquí.

En tal sentido, además de la ley recién firmada, deben mirarse otros mecanismos que a corto plazo permitan, por ejemplo, mayor retención de los médicos que completan su formación profesional en las universidades locales, cuyos profesores lamentan que también se marchen de Puerto Rico, incluso si completan sus internados en la isla.

El gobierno, las instituciones salubristas privadas, los gremios que defienden a los médicos y los ciudadanos deben trabajar para articular medidas que incentiven el regreso de especialistas que emigraron, y el reclutamiento de nuevos profesionales de la salud, para el mejoramiento de la calidad de vida del país.

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