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Es necesaria una reforma tributaria clara y viable

Puerto Rico lleva muchos años reclamando un sistema contributivo sencillo y transparente, que cierre la puerta a la evasión mientras hace justicia al contribuyente, y estimula la actividad económica y la inversión.

No se trata solo de aspiraciones: el equilibrio entre tributo, la salud de las arcas públicas y su inversión en servicios y desarrollo es una necesidad reconocida. Coincidimos en que el gobierno debe satisfacerla para potenciar los recursos de la isla, superar la crisis y establecer las bases de una economía sostenible.

Reconocemos que los fundamentos generales de la reforma contributiva presentados a este medio por el gobernador Ricardo Rosselló y el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, aspiran hacia estos objetivos.

Buscan aliviar la precariedad económica en que quedaron los contribuyentes individuales y comerciales tras la devastación causada por el huracán María en sus propiedades, así como en la infraestructura y actividad productiva en general del país. Se propone, además, contrarrestar el gran golpe a las posibilidades de recuperación de la isla que se anticipa tendrá la aprobación de la reforma contributiva federal en la manufactura, el empleo y las arcas gubernamentales.

El anteproyecto que contendría esta gran reformulación estructural está en etapa de preparación. No obstante, los lineamientos presentados por los funcionarios del gobierno nos permiten adelantar la suerte de inquietudes que la iniciativa puede provocar entre los actores con injerencia directa sobre el devenir fiscal de la isla. El Ejecutivo debe, entonces, estar preparado para responder preguntas como estas: si este es el momento para conceder alivios contributivos y si los ingresos nuevos proyectados compensarán lo que se dejaría de recibir por la merma tributaria.

La reforma en ciernes apuesta a la reducción de las tasas impositorias, por lo que cerca de medio millón de contribuyentes no tendrán que radicar declaraciones de impuestos. También propone reactivar el crédito por ingreso devengado y reducir el Impuesto sobre las Ventas y Uso para ciertas actividades. El saldo sería una reducción de ingresos por $956 millones en cinco años.

Una interrogante que requerirá explicación, sobre todo a las autoridades federales, es que no hay contradicción entre la aseveración de que las arcas locales están en rojo y la reducción voluntaria en ingresos al fisco que conllevaría la reforma.

El préstamo de cerca de $4,700 millones aprobado por el gobierno federal está predicado sobre la iliquidez del gobierno insular. Las condiciones para su desembolso dan cuenta del estado de incredulidad que reina en Washington respecto a los manejos presupuestarios de Puerto Rico, en particular sobre la naturaleza y magnitud de la iliquidez que anuncia. El riesgo de que se perciba que el gobierno tiene un doble mensaje haría mella en las solicitudes de fondos federales para la reconstrucción.

La Junta de Supervisión Fiscal ha mostrado reservas ante medidas que puedan impactar negativamente al fisco. La posibilidad de que no se renueven los $1,000 millones que el gobierno federal aporta mediante el programa Medicaid y que ese dinero tenga que salir del Fondo General implicaría un serio agujero presupuestario.

El gobierno tendrá que convencer a la Junta de que la reducción de ingresos implicada la reforma será recompensada por iniciativas nuevas. Los nuevos ingresos en la propuesta sumarían $415 millones provenientes de arbitrios al tabaco, cannabis medicinal y juegos de azar, una mayor fiscalización contributiva mediante el uso de la tecnología y el cobro del IVU por compras en internet.

Los acreedores del gobierno también estarán pendientes de los cambios tributarios que puedan impactar las arcas, toda vez que la propuesta de plan fiscal presentado por la administración Rosselló no incluye pagos para ese sector.

La Administración Rosselló está frente al reto de explicar y convencer a todos estos actores del escenario fiscal puertorriqueño, el detalle de la naturaleza y los efectos de su propuesta de reforma tributaria, de manera que sea viable y conveniente para el desarrollo de la isla.

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