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Es obligación cumplir con la reforma policiaca

La Policía de Puerto Rico tiene la obligación de cumplir con los requerimientos de información que se le hacen desde el Tribunal Federal sobre la demanda por violación a los derechos civiles que le presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2011 y que desembocó en una reforma del cuerpo policiaco que está en marcha desde entonces.

Esto, por supuesto, no habría ni que estar recordándoselo al liderato policiaco. Debería tener claro que esta es una responsabilidad que, por el bien del país y de la misma fuerza policiaca, no debería eludir bajo ninguna circunstancia. Pero nos vemos obligados a hacerlo por la profunda preocupación que nos causa una orden recién emitida por el juez federal a cargo del caso, Gustavo A. Gelpí, en la que se muestra frustrado por las constantes tardanzas de la Policía en cumplir con los requerimientos de información del monitor Arnaldo Claudio.

“El Tribunal está preocupado por el hecho de que el gobierno no ha sido responsivo a las solicitudes de información de Justicia federal. Ni siquiera de manera parcial. Esto es inexcusable. El acuerdo en este caso, así como las órdenes judiciales, dejan totalmente claro que dicha información debe ser proporcionada al ser solicitada. De lo contrario, Justicia federal, como parte del acuerdo, no puede analizar ni evaluar asuntos relevantes de interés”, dice la orden emitida por el juez Gelpí el pasado sábado 13 de enero.

El juez precisa, a continuación, que hay 20 solicitudes de información con las que la Policía no ha cumplido. Extiende la fecha límite para cumplir hasta el 23 de enero de 2018.

El juez Gelpí también se mostró preocupado por el término de seis meses ofrecido por la Policía para terminar la investigación sobre las dificultades en el pago de horas extra y el problema de ausentismo en la fuerza. Al modo de ver del juez Gelpí, tal tardanza “puede tener el efecto no deseado de detener la reforma de la Policía” y le ordena a Justicia federal y al monitor a asistir a la Policía en esta tarea, incluso ayudándole con los costos.

Esto no puede seguir ocurriendo. Conviene volver a examinar cómo llegamos a esto, para que el que lo haya olvidado recuerde cuán importante es que la Policía se entregue en cuerpo y alma a su propia reforma. En septiembre de 2011, la División de Derechos Civiles de Justicia federal, emitió un informe en el que determinó que la Policía de Puerto Rico rutinariamente violaba derechos civiles, sobre todo a la comunidad dominicana; incurría en uso irrazonable de fuerza; plantaba evidencia; y abusaba de participantes en manifestaciones públicas, entre muchos otros problemas.

Tras haber sido demandada con el informe como base, el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos alcanzaron un acuerdo mediante el cual la Policía se comprometió a emprender una reforma bajo la vigilancia y con la asistencia de un monitor designado por la Corte. Ese monitor es el que ahora reporta aljuez Gelpí que la Policía no le informa si está cumpliendo con su parte del acuerdo.

En este momento, la Policía enfrenta problemas organizacionales, de liderato, de moral y fiscales. Además, se ha desatado en la isla una cruenta ola criminal. Nada de eso, sin embargo, debe ser excusa para desentenderse de la reforma.

Por el contrario, las circunstancias actuales acentúan la necesidad de que la Uniformada cumpla a cabalidad con este compromiso, al cabo del cual el pueblo puertorriqueño deberá tener al fin la fuerza policiaca moderna, eficiente y respetuosa de los derechos civiles que merece.

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