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Es obligación defender la pulcritud electoral

La gobernadora Wanda Vázquez tiene ante sí la oportunidad trascendental de demostrar su respeto a los principios democráticos que propician la paz social y la estabilidad en Puerto Rico. Le corresponde rechazar el intento legislativo de imponerle a la sociedad puertorriqueña una ley que sembraría desconfianza en nuestro sistema sufragista.

Ala propuesta de Código Electoral, nacida de la unilateralidad y del oportunismo de la mayoría legislativa, se le atribuye minar las garantías electorales de los ciudadanos y, con ello, la credibilidad del marco legal que apoya nuestro derecho al voto.

De finalmente la medida ser presentada ante La Fortaleza, la gobernadora debe vetarla, en defensa de la integridad de los procesos mediante los cuales el sufragio directo y limpio decide quiénes gobiernan en cada cuatrienio.

El Código Electoral puede fortalecerse mediante un análisis multipartita en el que el interés del país prime, contando con datos comprobados y con recomendaciones de estudiosos del tema. En toda enmienda al marco legal sufragista, nuestra democracia tiene que resultar robustecida.

Expertos denuncian que la mal llamada reforma electoral entrega al partido en el poder toda la estructura electoral, y a menos de un año de los comicios generales. El Senado realizó apenas una vista pública sobre el proyecto de ley y ocultó la versión final hasta el día de votación, cuando lo entregó a los legisladores de las minorías. La secretividad suma sospechas sobre la medida legislativa que alteraría de forma significativa las formas en que se vota para elegir a quienes ejercerán la gobernanza en Puerto Rico.

La propuesta legislativa busca eliminar de forma gradual la papeleta electoral desde los próximos comicios hasta erradicarla por completo en 2028. Esos documentos han servido anteriormente para aclarar dudas y validar la intención de un votante. Sin papeletas de papel no hay posibilidad de los recuentos que en el pasado han decidido elecciones. Al prescindir del papel y convertir en voto único el electrónico, la propuesta se aleja de las iniciativas protectoras del sufragio que Estados Unidos toma a raíz de la interferencia rusa en sus comicios generales de 2016. Informes del Congreso han recomendado, precisamente, requerir papeletas en papel como evidencia ante cualquier controversia, porque los sistemas electrónicos son vulnerables a la manipulación.

La medida local también liberaliza las disposiciones sobre los votos ausente y adelantado, con lo que cualquier persona podría votar en las elecciones próximas sin que cuente con las condiciones que le habiliten como votante. Tan reciente como en 2012, eliminar garantías sobre el voto de personas encamadas dio paso a una avalancha de solicitudes, algunas de las cuales fueron sometidas sin el consentimiento de los alegados peticionarios o emitidas a nombre de personas fallecidas.

Por otro lado, bastaría que una persona presente una licencia de conducir de algunajurisdicción estadounidense para votar en las elecciones de Puerto Rico, ya que la medida prescinde de la tarjeta que confirma la inscripción del elector. En cambio, el marco legal vigente garantiza, entre otras salvaguardas, que quien vote ha estado domiciliado en la isla por un año y tiene la intención de permanecer aquí.

Aun cuando hay áreas que mejorar, el sistema electoral de Puerto Rico ha sido, para otros países, modelo de credibilidad. Como una tradición que valora y enriquece la democracia, los grandes cambios de la estructura electoral se han decidido en deliberación y por consenso entre los partidos, a fin de impartirle justicia, civismo y transparencia. La misma Comisión Estatal de Elecciones surgió del reconocimiento de la necesidad de consenso.

La estructura electoral tiene la misión de defender y garantizar el derecho al voto. Para lograrlo, nuestra democracia tiene que sostenerse como el gran escudo contra el abuso del poder.

En momentos en que la figura legislativa atraviesa una aguda crisis de credibilidad, nos compete a todos proteger la pulcritud y confianza de nuestro sistema electoral. Frenar el peligroso intento legislativo de distorsionar nuestra democracia es responsabilidad de la gobernadora Wanda Vázquez.

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