💬 0

Es preciso afinar la estrategia fiscal de la isla

El gobierno puertorriqueño y la Junta de Supervisión Fiscal tienen el deber de abrazar la oportunidad que la historia les ha puesto en las manos para edificar al nuevo Puerto Rico, entablando un diálogo desprendido que dé forma definitiva al Plan Fiscal llamado a curar las finanzas públicas y permitir el regreso de la isla a los mercados de capital.

Puerto Rico no ha encaminado de forma definitiva su estrategia de recuperación fiscal a casi 18 meses de la designación de la Junta nacida de la Ley Promesa, que en verano cumplirá dos años.

A estas alturas, no hay duda de que corresponde al gobierno local reconocer de una vez que no se pueden postergar más los ajustes presupuestarios y administrativos gubernamentales que, a base de proyecciones certeras, deben conducir a nuestro país al ansiado desarrollo económico.

Al mismo tiempo, es importante tomar nota sobre el impacto del huracán María en la infraestructura y actividad productiva de Puerto Rico. Esta inesperada y dura variable explica que el documento con la ruta fiscal sometido por el gobierno isleño dé peso a la reconstrucción y al estímulo de la economía que lleva más de una década en recesión.

Mientras, la Junta ha señalado, con razón, que la propuesta de la administración insular sufre deficiencias que ponen en precario su ejecución exitosa. El organismo fiscalizador apunta a la falta de detalles que apoyen el impacto fiscal proyectado de las reformas gubernamentales, tales como la contributiva, laboral y de reorganización gubernamental.

Consigna, además, que no hay claridad en muchos de los supuestos del plan y que existe una tendencia a la sobreestimación de los fondos federales y de los ingresos al fondo general. Estos señalamientos medulares se han hecho a los planes anteriores sometidos por el gobierno central y corporaciones públicas. Esta repetida ausencia de precisión le resta credibilidad y fuerza a las estrategias para equilibrar el presupuesto y poner en marcha los proyectos capitales.

Pero tiene remedio.

La Junta supervisora hace una serie de demandas razonables para adecuar el plan a las posibilidades financieras públicas. Pide estimados de ingresos y gastos fundamentados en premisas más realistas y números concretos, y que la reforma contributiva no tenga un efecto negativo en el fisco. Esto es vital para mantener congruencia en el mensaje al gobierno federal sobre la urgencia del desembolso de fondos.

La Junta tiene razón al solicitar estrategias específicas para mejorar la competitividad de Puerto Rico en el escalafón mundial. La reserva de emergencia de $1,300 millones proveería fondos para enfrentar decisiones judiciales y del gobierno federal que afecten las arcas públicas. Asimismo, la Junta llama a reexaminar los pagos de las pensiones, así como los beneficios a los empleados públicos.

Las deficiencias mencionadas por la Junta no son nuevas: son producto de prácticas de décadas y de la visión limitada que llevó a la crisis fiscal y al endeudamiento.

La ocasión, no obstante, le abre la puerta al gobierno para asumir el papel que las circunstancias le han puesto en las manos, de superar los patrones malsanos del pasado y emprender una administración pública modelo.

Dotar de claridad y precisión a los fundamentos en que se basa el plan fiscal generará confianza en la gestión de Puerto Rico ante la magnitud de los retos. Los ajustes propuestos también exigen madurez a los gobiernos municipales, ante el recorte de hasta ochenta por ciento en los subsidios que reciben del gobierno central.

Previo al ciclón María, no se asomaba por el horizonte una inyección masiva de fondos federales para la isla. Esta variable de recursos puede servir de bálsamo a la gestión pública, pero al mismo tiempo pone mayor peso en la transparencia y certeza del Plan Fiscal. Corregido y debidamente ejecutado, este importante documento contendría los elementos clave para alcanzar el deseado Puerto Rico.

💬Ver 0 comentarios