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Es preciso respetar el sitial de nuestra democracia

La gobernadora Wanda Vázquez debe abstenerse de convertir en ley un proyecto de enmiendas electorales que siembra desconfianza y no garantiza la protección del derecho al voto y, por tanto, de la democracia en Puerto Rico.

La propuesta de reforma electoral recientemente aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado se aleja de la tradición democrática de legislación por consenso que por décadas ha fortalecido la convivencia política y el sistema sufragista de Puerto Rico.

La medida electoral que llega a la consideración de la gobernadora carece del aval mayoritario de los partidos políticos. También ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos y las garantías individuales preservados en las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico.

La legislación, hija de un proceso legislativo atropellado, pretende imponer cambios ambiciosos a ocho meses de los comicios generales, limita salvaguardas importantes para los votantes y propone modificaciones de gran impacto sin la certeza de la disponibilidad de fondos para encaminarlas.

El sistema electoral de la isla ha sido modelo para muchas naciones, incluidas las latinoamericanas. Reformarlo con seriedad implica un ejercicio ponderado que diseñe cambios por consenso. Las transformaciones deben ser inmunes a oportunismos como los impulsados por el liderato del Senado y de la Cámara, en contra del mejor interés público.

Contrario a lo anticipado la semana pasada por el liderato cameral, la legislación no aplaza la puesta en marcha del voto por internet. Al mismo tiempo, mantiene la controvertible ampliación de las categorías de voto ausente y de voto por adelantado para personas con domicilio en otras jurisdicciones, y limita las facultades de los comisionados electorales para acudir a los tribunales en casos de impugnaciones.

Inquieta también particularmente que el proyecto congela, desde la segunda semana de septiembre próximo, todas las inscripciones o transferencias de electores, entre otros trámites relevantes, de cara a los eventos del año electoral.

La incorporación de la tecnología en los sistemas de votación marca tendencias pertinentes. Sin embargo, su buena operación depende de plataformas electrónicas y mecanismos claramente probados con garantías máximas para el recibo y manejo de información sensitiva. La experiencia negativa debido a fallos tecnológicos en recientes procesos de votación en el estado de Iowa y República Dominicana advierten sobre el riesgo de implantar cambios tecnológicos precipitados.

Cualquier sistema de votación electrónico debe incorporar salvaguardas abarcadoras para garantizar que cada voto sea libre, secreto y contado según la intención del elector. Es imprescindible incorporar la participación de todos los partidos inscritos, aspecto pasado por alto en la legislación aprobada por las cámaras.

La tecnología nueva para los procesos de votación tiene que probarse y validarse minuciosamente antes de cualquier elección para corroborar que no es vulnerable a errores o intervenciones indebidas. La proximidad de los comicios generales representa un escollo práctico para una implantación que asegure la protección de la integridad del sufragio.

Ninguna reforma electoral debe sumar desconfianza. Hacerlo lacera la credibilidad de las instituciones públicas. Por el contrario, toda transformación sufragista debe motivar participación ciudadana y, sobre todo, integrar a los jóvenes al proceso diseñado para escoger a aquellas personas a las que se les delega la facultad de regir el país.

El proceso que llevó a la aprobación legislativa del polémico proyecto derrota objetivos de transparencia, eficiencia fiscal y rigurosidad en las operaciones electorales. Como está diseñado, debilita una institución llamada a ser pilar de nuestra democracia.

La gobernadora está convocada a asegurar que la democracia puertorriqueña ocupa el sitial que merece. La propuesta electoral recién aprobada por la legislatura es contraria a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. No debe convertirse en ley.

Lo correcto es reconsiderar el tema en el próximo cuatrienio mediante un ejercicio ponderado y de consenso que permita la modernización y el fortalecimiento adecuado del andamiaje electoral de Puerto Rico.

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