💬 0

Es una obligación resolver la insuficiencia del retiro

El marcado retraso en el flujo de las aportaciones de las entidades públicas supuestas a sufragar las pensiones de sus retirados, evidencia que el problema del sistema de retiro gubernamental se mantiene muy lejos de su solución.

Mientras promueve una resolución definitiva a la insolvencia del fondo para los retirados, el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer bueno su compromiso de financiar los desembolsos a favor de sus 161,000 ex servidores públicos a través del Fondo General. El funcionamiento del plan Pay as you go, creado en 2017 precisamente para atender la ruina del retiro, demanda una revisión que proteja a los jubilados.

Estos pensionados serían los golpeados si fracasa el nuevo programa para financiar las pensiones. Sus aportaciones de muchos años nutrieron los sistemas de retiro del gobierno central, la judicatura y los maestros, con el entendido de que tendrían garantías de ingresos al finalizar su carrera laboral. Lo justo es que vivan con la tranquilidad de que recibirán las pensiones con las que cubren sus necesidades.

Es preciso destacar, además, las posibles repercusiones que la insuficiencia de fondos para los jubilados tendría sobre tres pilares en los que descansa la recuperación fiscal insular. Estos son: el presupuesto para el año fiscal 2018-2019, el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal y el plan de pago de la deuda que en su momento aprobaría el Tribunal Federal que atiende el caso de quiebra de Puerto Rico.

La solidez del proyecto de recuperación financiera de Puerto Rico está predicado en una estructura de recaudos y desembolsos que tiene que ser viable. De su correcta ejecución depende también la creación de condiciones propicias para un revivir económico que genere empleo.

El incumplimiento de agencias, corporaciones públicas y municipios con sus cuotas para los pagos a los jubilados, de por sí representa una pesada carga para el Fondo General. Con los recaudos del gobierno que van a este Fondo se pagan la nómina gubernamental, y los programas de salud y educación públicos, entre otros importantes servicios. A eso se le suman los pagos por pensiones ascendentes a $2,500 millones al año.

Ante la insolvencia de los sistemas de retiro, el año pasado el gobierno estatal se comprometió a asumir los pagos a los pensionados. Con ello se propuso evitar la reducción en las pensiones propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal como parte del fiscal plan a largo plazo.

La ley 106 creó el sistema Pay as you go. Este distribuye la responsabilidad entre las agencias, las corporaciones públicas y los municipios mediante reembolsos. Cada entidad debe pagar las pensiones de sus empleados mediante el cargo denominado Pay-Go.

Sin embargo, hasta mayo pasado, una veintena de corporaciones públicas no había emitido pagos al Pay–Go. Su deuda se eleva a $365.8 millones. Entretanto, los municipios adeudaban $100 millones, de acuerdo con un informe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Algunos gobiernos municipales alegan que hay errores en las facturas que les envía el Departamento de Hacienda. Es importante clarificar estas cuentas, en vista de las reducciones de ingresos que enfrentan los ayuntamientos, como el subsidio del gobierno central.

El financiamiento de muchas entidades públicas también está atado al gobierno central. Ese es el caso del Centro Médico, y las autoridades de Edificios Públicos y la Metropolitana de Autobuses. La asignación de nuevas responsabilidades, como el pago de las pensiones, presenta grandes retos presupuestarios para las organizaciones públicas. Parte importante de su responsabilidad es establecer prioridades para cumplir con los deberes esenciales, uno de los cuales es el pago a los pensionados.

El gobierno y sus entidades tienen que sentarse a la mesa para evaluar y decidir el curso de acción que permita pagar las pensiones de sus jubilados. Es una obligación legal y un deber moral.

💬Ver 0 comentarios