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Es vital aclarar vigencia de ley de pruebas ADN

Merece reconocimiento la veloz respuesta del oficialismo a la revelación hecha por este periódico el pasado domingo, en el sentido de que el Departamento de Justicia y los tribunales habían interpretado que caducó la importantísima ley que permite a confinados sentenciados seguir tratando de probar su inocencia mediante la tecnología de pruebas ADN.

Veinticuatro horas después de la publicación, el gobernador Ricardo Rosselló, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el senador independiente José Vargas Vidot, entre otros, habían manifestado su voluntad de tomar los pasos necesarios para asegurarse de que las pruebas ADN estarán disponibles para cualquier convicto que demuestre que a través de esta tecnología puede probar su inocencia.

Esos fueron pasos en la dirección correcta. Resta ahora asegurarse de que las palabras se conviertan en acciones y que a la brevedad posible no le quede a nadie la duda de que, cuando se aprobó la Ley 246 de Pruebas ADN Post Sentencia en 2015, la intención era que estuviera disponible sin término de tiempo y no por solo un año, como interpretó Justicia.

El argumento de Justicia, que fue apoyado por las cortes de primera instancia y de apelaciones y está ahora ante la consideración del Tribunal Supremo, se dio en el caso de José Armando Torres Rivera, quien lleva 27 años en prisión por secuestro y violación, alega que es inocente y cree que una prueba de ADN puede ayudar a comprobarlo. Justicia se opuso argumentando que la solicitud fue hecha en febrero de 2017, dos meses después del supuesto vencimiento de la ley, en diciembre de 2016, un año después de su aprobación.

El lunes, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, adelantó que la agencia modificará su postura en el caso de Torres Rivera, lo cual haría académicas sus objeciones en este pleito.

La ley de pruebas ADN post convicción puso a Puerto Rico en sintonía con las tendencias más modernas de las investigaciones criminales y forenses a nivel mundial. En Estados Unidos, dichas pruebas, que están disponibles desde finales de la década de 1980, han sacado de las cárceles a 353 inocentes que habían cumplido en promedio 14 años de prisión y veinte de los cuales habían sido sentenciados a muerte.

En Puerto Rico, no había un banco de ADN hasta 1995 y antes de la ley de 2015 no estaba disponible para convictos que ya hubieran sido sentenciados. Todos los casos que se presentaron a los tribunales amparados en ese estatuto tenían méritos. Tres hombres de Aguada fueron liberados tras cumplir 22 años de cárcel por el secuestro, la violación y el asesinato de una joven universitaria. Dos hombres de Trujillo Alto convictos de matar a una madre y sus dos hijos esperan ahora nuevo juicio y a un hombre de Arecibo, que cumple 111 años de cárcel por el asesinato de una mujer, se le autorizó la prueba ADN.

En este contexto, resultó insólito que Justicia, invocando lo que el presidente cameral Méndez llamó “un subterfugio”, planteara que la ley tenía vigencia de solo un año, a base de la interpretación sumamente restrictiva de un solo artículo del estatuto y sin tomar en cuenta la exposición de motivos en la que los autores del proyecto aprobado por unanimidad, dejaban meridianamente claras sus intenciones.

Es preciso, además, que la Asamblea Legislativa tome nota de este importante asunto, para que la claridad y el rigor legislativo sean norma inviolable en la preparación de los estatutos. Esa es, después de todo, la tarea fundamental de esta rama gubernamental.

Ninguna sociedad debe tolerar la menor posibilidad de tener a inocentes en sus cárceles y tiene que proveer toda garantía para evitar que ello ocurra. Esta ley fue un paso gigante hacia la consecución de esa altísima meta. Es crucial tomar las acciones para que nadie más vuelva a confundirse al respecto.

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