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Examinar los gastos debe ser parte del ajuste fiscal

La revisión de los gastos en contrataciones externas que ha emprendido la Autoridad de Energía Eléctrica es una acción acertada que debe ser replicada en otras entidades gubernamentales, como parte del ejercicio de equilibrar las finanzas públicas y reducir gastos innecesarios.

Como norma, la contratación mediante servicios profesionales, que incluyen los de consultoría, debe abordarse a base del valor de la aportación que el recurso brinde. En estos tiempos de limitaciones fiscales, se imponen tanto el rigor del contratante como la cooperación del contratista.

También es importante aclarar la función que deben tener los asesores externos de las entidades públicas.

En el caso de Energía Eléctrica, la Junta de Supervisión Fiscal identificó un contrato por $24 millones con disposiciones que entran en contradicción con el plan certificado de la empresa pública, y pidió unas correcciones. El director ejecutivo de la Autoridad, José Ortiz, reconoció que el acuerdo legal concedía a su consultor facultades operacionales que corresponden a los funcionarios públicos, como por ejemplo, dar seguimiento a los proyectos de la importante agenda de reconstrucción.

Ortiz explicó que, al eliminarse tareas que representaban duplicidad de trabajos, quedó aclarado el carácter de consultor en estrategias financieras del contratista. El ajuste arrojó un ahorro de $12 millones que, junto a los de otros contratos revisados, suman $26 millones en economías que la corporación podrá destinar a otros usos.

Este suceso debe motivar a escrutinios rigurosos en otras dependencias. Patrones de gastos duplicados, innecesarios o por tareas no realizadas han existido por décadas en el gobierno.

En 2016, por ejemplo, la Oficina de la Contralora señaló que diez municipios gastaron $3 millones en servicios profesionales y consultivos por obras defectuosas o que no se finalizaron. En 2017, las agencias gubernamentales y corporaciones públicas firmaron contratos ascendentes a casi $511 millones en los renglones de consultoría, publicidad y servicios profesionales. Una quinta parte de ese caudal se destinó a empresas que trabajan con la reestructuración de la deuda pública.

Es responsabilidad de cada instrumentalidad gubernamental examinar la pertinencia de sus contrataciones por servicios profesionales. Es un deber economizar los menguados dineros y asegurar la prestación de los servicios públicos. Parte crucial del ajuste fiscal es evitar la duplicación de tareas, que pone en entredicho la limpieza de la administración de las finanzas estatales.

Un llamado en esa dirección provino precisamente del Tribunal Federal que atiende el caso de quiebra gubernamental. Al abordar recientemente los altos costos de litigación, la jueza Laura Taylor Swain ordenó la revisión de facturas millonarias por servicios legales. Al destacar que el pueblo de Puerto Rico es quien paga las facturas de los contratistas, la letrada abogó por moderación en el uso del dinero en la contratación de abogados.

Con toda razón, la jueza hizo un llamado a sustituir la práctica de duplicar tareas por una actitud de colaboración y de distribución adecuada de los trabajos. Lo mismo han expuesto expertos en las disciplinas de Administración Pública y Economía.

La observación judicial es sabia. Es menester que las entidades públicas analicen con ojo crítico sus contrataciones e identifiquen las que realmente sirven a la misión de servicio público. Del análisis del nivel de complejidad de las tareas deben surgir las guías para optimizar las funciones de los empleados, además de acabar con la subutilización del recurso gubernamental y sobrecontratación externa. Así se reservan para el contratista privado las áreas que, por su complejidad y especialización, se apartan de las competencias del servidor público.

Analizar la evolución del gasto, eliminar lo que es superfluo y acometer medidas correctivas son criterios básicos de la disciplina fiscal.

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