A tres años de su aprobación, la ley federal Promesa ha dado a Puerto Rico el respiro necesario para procurar resolver su precariedad fiscal. Por virtud de la moratoria en el pago a los acreedores, el gobierno, junto con la Junta de Supervisión Fiscal, ha tenido espacio para encaminar el ordenamiento de sus finanzas, atender asuntos apremiantes y renegociar sus deudas.