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Frutos y desafíos de las herramientas de Promesa

A tres años de su aprobación, la ley federal Promesa ha dado a Puerto Rico el respiro necesario para procurar resolver su precariedad fiscal. Por virtud de la moratoria en el pago a los acreedores, el gobierno, junto con la Junta de Supervisión Fiscal, ha tenido espacio para encaminar el ordenamiento de sus finanzas, atender asuntos apremiantes y renegociar sus deudas.

Ha tomado tiempo, pero comienzan a cosecharse frutos. El más importante hasta ahora es el inminente fin del estado de quiebra, si el Tribunal del Título III de Promesa aprueba los planes de ajuste de la deuda del gobierno central y de la Autoridad de Energía Eléctrica renegociados por la Junta y el gobierno con los acreedores.

Entre otros aciertos, la Junta retó la validez de $8,500 millones de deuda por concepto de las Obligaciones Generales y bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro. Ha puesto ante la consideración del Tribunal una propuesta para reducir de $35,000 millones a $12,000 millones las obligaciones originales del gobierno. Y renegoció $22,000 millones con acreedores que incluyen la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el Banco Gubernamental de Fomento.

Pero la renegociación es solo una parte de la misión de Promesa. Indispensable para que el gobierno cumpla con sus obligaciones es trazar el ordenamiento fiscal al que Puerto Rico debe ceñirse. La meta es que alcance presupuestos balanceados y sostenibles.

Además de lograrlo, la Junta tiene pendiente impulsar las reformas que propone como zapatas de desarrollo económico. Es el caso de las reformas laboral, energética y de permisos, entre otras que caminan aún a paso lento.

Para ambos propósitos es imperativa la colaboración de todas las ramas de gobierno. Así como el trabajo en equipo permitió renegociar con los acreedores, el gobierno debe asumir a la Junta como aliado.

El diálogo propició el año pasado que el ente aprobara un fondo de $345 millones para cambios en sistemas y procesos que faciliten la importante meta de mejorar el clima de negocios en la isla. Además, la Junta revisó el plan fiscal para sumar a los municipios en la búsqueda de viabilidad financiera para los gobiernos locales.

Criaturas diseñadas por el Congreso para solucionar la bancarrota fiscal puertorriqueña, Promesa y la Junta no han estado exentas de controversias. Recién esta semana, el organismo ha tenido que defender ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos la validez de los nombramientos de sus miembros, cuya constitucionalidad fue impugnada. Además, tendrá que defender su gestión próximamente ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes estadounidense, el que evalúa los efectos de la puesta en vigor del estatuto. La incertidumbre que generan ambos procesos es un serio desafío.

En general, la quiebra del gobierno ha costado a la isla casi $1,000 millones. De estos, $360 millones se han usado para pagar honoraros de abogados y asesores. Pero debe recordarse que tanto Promesa como la Junta, y los gastos asociados a superar la bancarrota, existen por la incapacidad histórica de las administraciones del gobierno de Puerto Rico de mantener las finanzas públicas en orden.

Por eso, es importante que el gobierno asuma con disciplina una cultura fiscal responsable y sostenible que le permita responder a sus obligaciones, prestar los servicios ciudadanos e impulsar el desarrollo económico.

La Junta ha indicado que su existencia podría extenderse todo el próximo cuatrienio. Ha anticipado que el primer presupuesto balanceado podría lograrse para el año fiscal 2020-2021.

Tras el cambio en La Fortaleza en agosto pasado, derivado del apoderamiento ciudadano que arropó las calles en el verano, las relaciones entre el gobierno y la Junta se muestran favorables para una recuperación ordenada de la sanidad fiscal.

Un presupuesto en orden y las cuentas al día constituyen parte central de la plataforma desde la cual Puerto Rico puede regresar a los mercados de inversión y generar desarrollo económico.

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