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Giro atinado en el manejo de las finanzas públicas

En el camino hacia la recuperación de la credibilidad y la estabilidad fiscal que le abrirá puertas en los mercados, Puerto Rico tiene que establecer el nuevo marco que rija el manejo de las finanzas públicas de forma responsable.

La propuesta de Ley de Responsabilidad de Emisión de Deuda, recién sometida por la gobernadora Wanda Vázquez, gira el timón en esa dirección. El proyecto de ley que pasará a la consideración de la Asamblea Legislativa define las reglas y los requisitos para la emisión de deudas nuevas, a fin de evitar que el gobierno de Puerto Rico incurra en otra bancarrota.

Esta gestión de la gobernadora, crucial para la estabilidad fiscal de la isla, requiere del compromiso desprendido de la legislatura.

La nueva legislación, alineada al plan de ajuste de deudas presentado por la Junta de Supervisión Fiscal a la corte de quiebras del Título III de Promesa, establece que el gobierno solo puede tomar prestado para proyectos de mejoras capitales. Específicamente, prohíbe prácticas irresponsables adoptadas en el pasado, como tomar prestado para cubrir déficits presupuestarios o gastos operacionales. De tanta intención de disimular que el barco de las finanzas públicas hacía agua por años, Puerto Rico elevó su deuda a sobre $70,000 millones sin rendir cuentas. Esta falta de previsión y buen juicio tuvo el efecto de costarle al país el cierre de puertas de los mercados.

La medida excluiría del cálculo del margen constitucional la deuda de las corporaciones públicas, habituadas por décadas a depender del presupuesto general para cubrir sus propias deficiencias administrativas. Además, bajo el propuesto estatuto, toda deuda que contraiga el gobierno tendrá que comenzar a amortizar principal a los dos años de haber sido emitida. De esta forma se reduce la acumulación de intereses que harían el préstamo más costoso.

Ahora bien, es importante que la legislación cuente con la fuerza de herramientas que eviten la recurrencia de transacciones prestatarias que comprometen la salud financiera de las generaciones futuras.

La propia Constitución ha dispuesto que el pago anual de la deuda no debe exceder el 15% del promedio del ingreso del fisco en los dos años fiscales previos al préstamo. Y que, en ningún caso, la vida del bono debe exceder los 30 años, a menos que sea para construir vivienda. La historia ha mostrado que dichas condiciones en que Puerto Rico puede endeudarse han sido insuficientes para disuadir a las administraciones de comprometer al país más de lo que su presupuesto alcance con préstamos temerarios. Hoy vemos los resultados de incumplirlas, cuyas consecuencias solo paga el país.

La falta de adopción de mejores prácticas de la gerencia pública es, pues, causa para que se añadan garras que verdaderamente disuadan con penalidad a quienes falten a su misión de administrar con responsabilidad las finanzas de la isla. También hacen falta mecanismos que propicien la transparenciareal en los trámites presupuestarios, en particular, en aquellos relacionados con la emisión de bonos.

Por otro lado, el cumplimiento con las nuevas reglas debe coincidir con la puesta en vigor de las reformas estructurales diseñadas para enderezar las finanzas del país. Sigue en espera, entre otras acciones de gobierno, la adopción de una reforma contributiva amplia y profunda que allegue los fondos que la isla necesita sin asfixiar a los sectores más productivos y cumplidores con su deber impositivo.

Puerto Rico se encuentra hoy en vías de superar una crisis fiscal sin precedentes, causada por la desidia y el afán de los partidos políticos de perpetuarse en el poder a costa de endeudar y maquillar la situación real de las finanzas públicas. Con medidas creíbles y confiables, con voluntad y con mecanismos que eviten recaer en los pésimos hábitos administrativos del pasado, es posible lograr que vuelvan a abrirse las puertas prestatarias que el país necesita para reactivar la economía.

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