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Hacia la reinvención de los planteles desocupados

El plan encaminado por el gobierno de Puerto Rico para facilitar que planteles escolares cerrados o en vías de cierre se mantengan activos mediante la diversidad de nuevos usos merece respaldo y necesita su espacio de ejecución.

Se trata de un proceso con un alto potencial para transformar el entorno de las estructuras en beneficio de las comunidades. Ciertamente es la mejor manera de evitar que el abandono se traduzca en problemas salubristas.

Cada propiedad provee incontables oportunidades para proyectos sociales, culturales y de empresarismo. Algunas de esas iniciativas han sido probadas gracias a la autogestión de otras comunidades.

Ya el gobierno ha identificado usos posibles. Estos incluyen convertir esos edificios en centros de cuido de ancianos, instalaciones de salud y terapéuticas, y casas de huéspedes. Otros serán espacios de apoyo a víctimas de violencia o para personas con impedimentos. Algunos pasarán a ser sedes de oficinas que economizarán grandes cuantías de dinero, a las arcas del gobierno central y de municipios. Hay planteles que continuarán como centros educativos bajo contratos de alquiler, también por el precio nominal de un dólar anual.

Transformar las escuelas desocupadas en centros de actividad social es una forma de facilitar la labor de entidades sin fines de lucro que, con mucho esfuerzo y pocos ingresos, sirven a poblaciones de escasos recursos. Acercar esos servicios a las comunidades impactadas por el cierre de su escuela, es también acertado. Ubicarse a las instalaciones desocupadas demuestra el interés de las entidades de pertenecer a la comunidad.

La efectividad de los cambios dependerá de que los nuevos usos se basen en una buena planificación integrada que aporte al desarrollo social y económico de cada comunidad. Confiamos en que los nuevos usos de las instalaciones ayudarán a mantener a los negocios existentes en la zona. La idea es, incluso, incrementar la creación de empleos mediante el establecimiento de nuevos negocios que armonicen con los usos autorizados en esas zonas.

Tiene el gobierno aquí una nueva oportunidad para que esa planificación se nutra de la escucha activa de todas las partes interesadas, incluidos los vecinos. Los residentes conocen sus necesidades comunes, y pueden ayudar a arrojar luz sobre las oportunidades. Contar con ellos, con aprecio a ese saber acumulado, les apodera y propicia las transformaciones.

Estos edificios han sido durante años el corazón con el que palpitan muchas de nuestras comunidades. Las propias entidades interesadas en ocupar los planteles pueden mediar como agentes para que se tome en cuenta a la comunidad en el fomento de actividad que añada valor a las localidades.

Por otro lado, es responsabilidad ineludible del gobierno procurar que estos traspasos se lleven a cabo con pulcritud y cuenten con mecanismos rigurosos de rendición de cuentas. Debe asegurarse que los edificios, que son aún propiedad pública, tendrán el uso propuesto.

Queda pendiente identificar con certeza la cifra total de planteles que están en desuso a través de toda la isla, así como su valor real en el mercado. Hasta ahora se sabe que 50 escuelas han sido o están en vías de ser alquiladas. El gobierno ha indicado que se tasarán los edificios que se vendan. Esa información deberá estar accesible al público.

Las entidades que participen de esta oferta pública deben pasar el crisol de la fiscalización. Es responsabilidad de las autoridades públicas asegurar que los organismos que presenten propuestas sometan la documentación contributiva o financiera, y los certificados de cumplimiento pertinentes.

Con el plan para el reúso de las escuelas desocupadas estamos ante una oportunidad concreta para enmarcar las acciones en la reinvención, participación, transparencia y rendición de cuentas.

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