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Hacia un diálogo de país para la justicia salarial

La jueza presidenta del Tribunal Supremo ha actuado con sabiduría al retirar su petición de alza salarial para los jueces de Puerto Rico. La solicitud, al margen de sus méritos, se tramitó en circunstancias lastimosas para otros trabajadores, con la consecuente e innecesaria perturbación de la imagen de la judicatura.

Ha hecho muy bien la jueza presidenta Maite Oronoz al escuchar los reclamos del pueblo. Su actitud demuestra que está consciente de que toda discusión presupuestaria tiene que ser diáfana y estar debidamente argumentada, sobre todo ante las precariedades del país.

Endosamos el llamado de la jueza presidenta a un diálogo de país amplio y templado para trabajar por la justicia salarial de todos los empleados. El análisis debe incluir la aplicación del principio del mérito en las decisiones salariales y las designaciones. El estudio debe partir de la premisa de que la vocación de servicio es central en la gestión pública, y que la retención, el ascenso y la remuneración también deben estar atados a la calidad del desempeño.

El concepto del mérito, adoptado del derecho estadounidense, está presente en leyes locales desde 1907, y su fundamento se centra en la aptitud para desempeñar un cargo. El respeto al mérito elevaría la calidad del servicio público.

El debate en torno a la propuesta para aumentar el sueldo de los magistrados se ha polarizado. Abonan a ello los efectos de la crisis fiscal en la mayoría de los bolsillos puertorriqueños y, en particular, el rezago salarial de maestros, policías y trabajadores que están en la escala mínima salarial, entre otros.

Un argumento a favor de elevar el sueldo de los jueces es que los de Puerto Rico están peor remunerados que los de Estados Unidos y otros territorios. Además, las escalas locales no se revisan desde hace 15 años mientras el costo de vida ha aumentado.

La oposición al alza destaca que la injusticia salarial aflige también a los maestros y policías, entre otros empleados de gobierno cuya paga es menor a la de sus homólogos en Estados Unidos y otros países. Los salarios no competitivos son un factor en el éxodo de servidores públicos y otros profesionales, como los médicos y otros especialistas de la salud necesitados en la isla.

La propuesta de revisión salarial para los jueces, contenida en el Proyecto 1444 del Senado, que la jueza Oronoz pidió retirar de la consideración legislativa, establecería honorarios de $90,000 hasta $183,000 anuales brutos para los jueces, a partir de 2020. Recomendaba un ajuste salarial de 2% cada cinco años.

La discusión sobre el incremento salarial para los jueces se complica con la lectura que ciertos sectores hacen del hecho de que estos servidores públicos son nominados por el gobernador y confirmados por senadores, siendo estos electos bajo la insignia de algún partido político. De ahí la inquietud de que la Rama Judicial pudiese estar privada de otros letrados de excelencia que carecen de conexiones con las colectividades políticas que se han alternado el poder ejecutivo y legislativo.

Contrario a otras jurisdicciones, Puerto Rico no cuenta con una escuela judicial cuyos egresados participen en ternas o quintas determinadas por la excelencia académica en el derecho y el conocimiento sobre las operaciones de los tribunales, entre otras competencias y destrezas.

La discusión sobre la solicitud de alza a los jueces debe servir para abrir los espacios institucionales que aseguren que el principio del mérito prevalecerá en todas las ramas del servicio público. Trabajemos para revertir los patrones que han hecho de nuestro país uno demasiado vulnerable a la interferencia política y partidista.

El Tribunal Supremo dio cátedra el verano pasado al adjudicar el orden de sucesión para la gobernación de Puerto Rico, en respeto al marco constitucional que cobija a todos los puertorriqueños. En esa misma línea, la jueza presidenta Oronoz cita al diálogo que otorgue justicia salarial a todo trabajador. El paso obligado es separar la fecha.

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