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Histórica cita presidencial en la Cámara baja federal

En el comienzo hoy de las vistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para determinar si hay causa para residenciar al presidente Donald Trump, el gobierno y el pueblo estadounidenses están convocados a ponderar los hechos, libres de pasiones ideológicas o políticas que laceren la institucionalidad presidencial, y con ello, la libertad y democracia de la nación.

El proceso debe desvelar la verdad para propiciar la sanación y el reencuentro social, al margen de que el resultado acuse o exonere al presidente Trump. El desenlace debe fortalecer la institución presidencial y, así, la democracia de Estados Unidos frente al mundo y su propia gente.

Reflejo del país, la polarización política ha marcado las actuaciones y narrativas de los políticos en este momento histórico. Los demócratas, que han pedido el residenciamiento de Trump prácticamente desde el inicio de su mandato, consideran que cuentan ahora con la fuerza de la evidencia para emprenderlo. Los republicanos en el Congreso han cerrado filas con Trump y su negativa a que la administración federal coopere con el proceso.

La Carta Magna establece como máxima que el poder de gobierno está dividido en tres ramas. El máximo documento deposita sobre el Congreso la responsabilidad de investigar y enjuiciar al presidente bajo ciertas condiciones. Al presente, dichas condiciones han sido establecidas en la evaluación llevada a cabo por el Comité de Inteligencia de la Cámara baja estadounidense.

Cerca de una decena de testigos, diplomáticos y funcionarios de inteligencia ha declarado bajo juramento y a puerta cerrada ante el referido organismo. Los testimonios coinciden en la versión de que el presidente intentó negociar ayuda militar y económica a Ucrania a cambio de que la antigua república soviética, asediada por Rusia, anunciara una investigación de corrupción sobre una compañía vinculada al hijo del exvicepresidente Joe Biden.

El propósito del favor, según le habría llamado el presidente - de acuerdo con la transcripción oficial de una conversación telefónica entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky -, era causar daño a las aspiraciones presidenciales de Biden para 2020. Los testimonios han revelado la presunta existencia de un canal de comunicación con el gobierno ucraniano, paralelo al ordenamiento diplomático, cuya misión sería proteger los intereses y la seguridad de Estados Unidos.

Tras semanas de haberlo negado, el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, ha confirmado haber sido emisario ante Ucrania de las condiciones impuestas por la Casa Blanca para mantener las ayudas a ese país.

En su intento por defender al presidente, la Casa Blanca y sus congresistas aliados han recurrido a estrategias que parecen distorsionar los hechos. Intentan minar la credibilidad de funcionarios de carrera con hojas de servicio impecables, que se han puesto en la línea de fuego en el cumplimiento de su deber, en aras de la seguridad de la nación. Asimismo, defensores de Trump atribuyen los informes de inteligencia y de la diplomacia a motivaciones partidistas.

Los demócratas, por su parte, han aprovechado la contienda por la nominación presidencial para arreciar sus ataques contra las ejecutorias del presidente sin que medie el beneficio de la pesquisa que hoy se presenta en audiencia pública. Es preciso permitir que el proceso siga su curso para evitar intervenciones que vulneren la confianza interna y la internacional.

En respeto al balance de poderes entre las ramas gubernamentales y al esclarecimiento de los hechos, la Casa Blanca debe presentar al proceso toda la evidencia con la que cuente. Al Congreso le toca conducir un procedimiento investigativo ceñido estrictamente a la prueba, que esté a la altura de su mandato constitucional. Las vistas públicas no deben ser tribuna política.

Los ciudadanos deben contar con los elementos necesarios para conocer los hechos, por los cuales se acuse o exonere al presidente. La gran meta es fortalecer la justicia y transparencia de las instituciones democráticas.

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