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Incentivos acertados ante la emergencia de salud

El plan de ayudas de emergencia anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez y la Junta de Supervisión Fiscal representa un primer paso en la dirección para paliar el impacto económico negativo asociado a los necesarios controles para combatir el avance del COVID-19 en Puerto Rico.

El grupo de medidas, estimado en $787 millones y que incluye asistencia económica y moratorias de pagos, puede aportar cierta tranquilidad a un sector poblacional significativo que incluye a empleados de pequeños y medianos negocios y a miles de ciudadanos. Destacan, merecidamente, los incentivos económicos a personal laboral de respuesta primaria a la emergencia sanitaria.

La iniciativa cubre protección salarial para 134,000 empleados públicos, así como un desembolso de $500 para ciudadanos que laboran por cuenta propia, grupo estimado en cerca de 170,000 personas. El plan, además, incluye prórrogas sin penalidades en el pago de los servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica, así como no aplicar multas por la dilación en el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso por parte de los comercios, entre otros.

Consideramos que ciertos sectores privados, como la banca, deben estar autorizados a realizar los ajustes correspondientes en relación con las moratorias de pagos de préstamos y otras relaciones de negocios con sus clientes, según las circunstancias particulares de cada institución.

El plan gubernamental local representa una señal para encaminar una política fiscal de contingencia razonable ante el toque de queda y otras medidas de protección ciudadana impostergables ante el avance del número oficial de contagiados con el virus en la isla.

Puerto Rico está impactado por una recesión que se ha prolongado por más de una década, y sufre una severa insolvencia gubernamental exacerbada por los golpes ciclónicos de 2017, así como por fenómenos naturales extremos como los sismos del pasado enero. Por tanto, se vuelven imperiosas medidas diversas para mitigar la paralización de muchas de las actividades comerciales, empresariales y sociales ante el desafío del COVID-19.

Esperamos que el plan de ayuda federal contemplado por la Casa Blanca para todos los estados y territorios estadounidenses abarque con justicia las necesidades particulares de Puerto Rico y represente un complemento sólido al plan anunciado por La Fortaleza.

Aunque este plan local no es un paquete de desarrollo económico, sino un compendio de medidas de contingencia ante una situación extraordinaria, es pertinente mirar a corto plazo su alcance de ayuda práctica para todos los pequeños comerciantes, así como para los trabajadores municipales y de otros sectores. Es preciso, además, mirar su ejecución para que los alivios lleguen a los propuestos beneficiados con la prontitud necesaria. Hay que evitar que la burocracia gubernamental se convierta en un escollo en momentos críticos.

Al margen de las ayudas especiales contempladas por elgobierno, es sumamente relevante que los ciudadanos ejerzan máxima prudencia en el manejo de las finanzas personales y familiares ante las circunstancias de emergencia prevalecientes.

En el gobierno, mientras, será crucial que persista la buena comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal y el equipo económico encabezado por el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, entre otros componentes claves para la salud fiscal y económica. Ante la situación cambiante de la propagación del virus en la isla, será necesario que estas medidas se revisen sobre la marcha para determinar a tiempo su ampliación u otros ajustes.

Responder con premura a este desafío sanitario de gran magnitud, a la luz de nuestro particular escenario isleño, abonará a superarlo para retomar prontamente los planes de reestructuración y renovación que permitirán constituir un Puerto Rico más resiliente, con pilares reforzados que garanticen progreso y desarrollo económico sostenible.

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