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Inexcusable retraso en protocolos de víctimas

El Departamento de la Familia (DF) tiene la responsabilidad impostergable de preparar los protocolos para tratar a menores que hayan presenciado actos violentos en sus hogares, y para atender a víctimas y sobrevivientes de agresiones sexuales, como le obligan estatutos que insensatamente ha ignorado por años.

Como una revelación marginal en una audiencia legislativa sobre enmiendas a la Ley 54 de violencia doméstica, una representante de la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, hizo el insólito reconocimiento de que la agencia no ha cumplido con estas leyes, que datan de 2010 en el caso de los sobrevivientes de ataques sexuales y de 2011 cuando se trata de niños que hayan presenciado actos violentos en su hogar.

La agencia reconoció que tampoco tiene un protocolo para el manejo de situaciones de violencia en relaciones de noviazgo.

Elogiamos el compromiso de la secretaria Andújar, quien lleva poco menos de ocho meses en el cargo, de enmendar de inmediato estas cuestionables fallas. Pero este retraso nunca debió haber ocurrido y la actitud mantenida por años por el DF demuestra la intolerable dejadez con la que, con demasiada frecuencia, las agencias públicas de Puerto Rico tratan algunos de los problemas sociales más graves en nuestro país.

La violencia intrafamiliar es una úlcera sangrante en la epidermis de nuestra sociedad. El año pasado, la Policía recibió 9,197 querellas por violencia de género. Desde 1990 hasta el año pasado, 636 mujeres murieron a manos de sus parejas. Este año, cuatro vidas de mujeres se apagaron de manera tan trágica.

Cuando entre las parejas implicadas en estas tragedias hay niños, la Policía recurre al DF para que se haga cargo de los menores mientras se presentan familiares. En 2011, entendiendo que los trabajadores sociales encargados de niños que acababan de vivir episodios tan traumáticos necesitaban unas destrezas especiales, la Asamblea Legislativa ordenó a la Administración de Familias y Niños (ADFAN), una dependencia del DF, preparar un protocolo para el manejo de tales situaciones.

No es menos que increíble que seis años después no se haya hecho nada.

Con respecto a las agresiones sexuales, la principal víctima, según las estadísticas del propio DF, es una niña entre 12 y 14 años. Estos eventos tienen el potencial de destruir la fibra más íntima de un ser humano. Necesitan, por lo tanto, todas las herramientas que puedan ofrecérsele para reconstruir sus vidas y continuar adelante. El DF no puede seguir tratando esta ley como cualquier otro requerimiento burocrático que se cumple cuando se pueda, si se puede.

El problema con la violencia en parejas adolescentes también es de suma gravedad. La Fundación Alto al Silencio, una organización no gubernamental, estima que en una de cada tres parejas de adolescentes se producen incidentes de violencia física o emocional. Igualmente, el 87% de las jóvenes de escuela superior dijeron en una encuesta de esta organización que en algún momento habían sido maltratadas por sus novios.

Sabemos que todo el aparato gubernamental enfrenta hace por lo menos diez años una histórica insuficiencia de recursos que hace que se mida al centavo el impacto de cada iniciativa. Sabemos también que por años la actitud de la Asamblea Legislativa era adjudicarle responsabilidades a las agencias de la Rama Ejecutiva sin asignarle los fondos para cumplir con dichas responsabilidades.

Pero sabemos también que las víctimas que se pretendía atender con estas iniciativas viven algunos de los traumas más terribles que puede afrontar persona alguna. Los niños y niñas a los que el destino puso a vivir situaciones tan dramáticas merecen y necesitan toda la atención que pueda dárseles. Cuando hay voluntad, los recursos aparecen.

Reiteramos nuestro reconocimiento al compromiso de la secretaria Andújar de resolver esta situación a la brevedad posible. Esperamos que del compromiso pase a la acción y no se quede en palabras.

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