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La adopción es un gran compromiso con la niñez

En el balance de los distintos aspectos que el Estado tiene que considerar antes de aprobar una adopción, tiene que primar el bienestar del menor que se integraría a un hogar que le brindaría afecto, protección y estabilidad para lograr su pleno desarrollo humano.

El año pasado se aprobó una nueva ley de adopciones en Puerto Rico, pero no se ha registrado un alza significativa de las mismas. Las estadísticas oficiales muestran que en 2016 hubo 186 adopciones; en 2017 aumentaron a 207; pero en 2018, bajaron a 165.

Expertos adjudican la merma en las cifras a la escasez de personal especializado en el Departamento de la Familia y en los Tribunales de Familia para atender la complejidad de asuntos relacionados con las adopciones. De ahí que persistan los señalamientos de que el proceso de adopción en la isla puede ser demasiado prolongado. Se han citado casos de hasta una década de espera para que se completaran.

Es importante apuntar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido como un derecho fundamental la relación de los hijos con sus padres biológicos. El ordenamiento vigente impone al Estado procurar la reunificación familiar del menor con sus padres o familiares biológicos, actuando en el mejor interés del menor.

Por ello, la determinación judicial que liberaría la patria potestad del menor está obligada a un proceso riguroso. Ese rigor es necesario en el proceso que culminaría con la colocación del menor, de forma definitiva, bajo el cuidado de las personas que garanticen su protección y adecuada crianza.

Para llevar a cabo esa delicada misión, el Estado debe disponer de recursos para completar las indagaciones y los trámites de rigor de forma diligente, sin exponer al menor a condiciones de riesgo. Los tribunales deben atenderlos con la ponderación rigurosa que propicie el bienestar de la niña o del niño.

Las críticas aluden, además, a la preocupación de que, al ser entregados a uno o ambos padres biológicos, mientras se realizan las indagaciones, algunos menores estén expuestos a situaciones de alto riesgo debido a las condiciones de abuso en ciertos escenarios domésticos. En tal sentido, reforzar los equipos de trabajo social y de otros profesionales para procurar una respuesta proactiva en estos casos es sumamente pertinente. Ello permitiría también validar o descartar con mayor agilidad las solicitudes de adopción.

Mientras tanto, los ciudadanos interesados en adoptar pudieran considerar la adopción de menores que tengan más de tres años edad. Muchos de estos niños ya están liberados de patria potestad y esperan ser acogidos por una familia afectuosa.

A principios del mes en curso, el Departamento de la Familia tenía casi un centenar de niños libres de patria potestad y aptos para ser adoptados. En ese grupo no figuraban recién nacidos o menores de tres meses, las edades de mayor preferencia.

Lamentablemente, según conocedores de estos trámites, la edad es un factor enla merma del interés entre personas que solicitan adoptar porque buscan infantes que no han cumplido el primer año de edad. También afloran los reparos para adoptar si los niños ya están en edad escolar o son preadolescentes con condiciones de salud o problemas de rezago académico, de acuerdo con los expertos.

Ante ese panorama, es conveniente ampliar las campañas de orientación para fomentar las adopciones de los menores que no son infantes, y también merecen la oportunidad del amor, protección y apoyo en su crecimiento en un hogar responsable.

La adopción representa una oportunidad de brindar a un menor de edad la posibilidad de una vida digna, apoyada en afecto y confianza, como parte de una crianza de modelaje positivo, disciplina y buena educación. Es también una bendición para aquellas personas que en su corazón ya son padres pero no han podido tener hijos.

Estimular al máximo las adopciones representará un avance de todos como integrantes de una sociedad más justa y comprometida con nuestra niñez.

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