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La alta prioridad es la recuperación de la isla

Ante la inmensa tarea de edificar una economía productiva y competitiva, y capaz de resistir embates climatológicos como el huracán María, la ofensiva encaminada por el gobierno de Puerto Rico para adelantar la discusión de status en la capital federal constituye, en pleno periodo de recuperación, un desvío de la tarea de urgencia.

Tres iniciativas destacan: la activación de la Comisión de la Igualdad, nombrada en el verano pasado para cabildear en Washington; el proyecto de ley para que Estados Unidos convoque a un referéndum para admitir a la Isla como estado; y la Ley de Voto Presidencial.

Es innegable que Puerto Rico tiene que asumir la gestión de redefinir su centenaria relación jurídica y política con Estados Unidos. Las acciones y el discurso federal de los últimos años hacia la isla demuestran que es necesario reclamar el trato igual a los puertorriqueños como ciudadanos de Estados Unidos. Pero en la coyuntura inmediata, esa igualdad equivale a celeridad en las ayudas para la recuperación.

Hay que insistir en los reclamos apremiantes, con unanimidad de todos los sectores del país, incluida la diáspora. En unidad hay que buscar avenidas que minimicen el impacto de la reforma contributiva federal y del abismo presupuestario en el área de salud. Hay que exigirle al Congreso asumir su cuota de responsabilidad para reactivar la economía y posibilitar la reconstrucción de un Puerto Rico robusto y sostenible.

En su visita reciente a la Isla, el senador Marco Rubio reiteró que el mensaje al Congreso debe centrarse en la recuperación. Antes, el representante demócrata, Steny Hoyer, número dos de la minoría en la Cámara, advirtió lo mismo. La atención debe estar puesta en superar la embestida del huracán.

Previo al comienzo de la sesión del día en el hemiciclo de la Cámara federal, el 10 de enero, la comisionada residente presentó a los miembros de la Comisión de la Igualdad. El día antes, el Tesoro federal informaba al gobernador que retendrá el desembolso del préstamo de emergencia de $4,900 millones, aprobado por el propio Congreso, hasta que la Junta de Supervisión Fiscal certifique la necesidad del dinero.

Ese dinero es imprescindible cuatro meses después del paso del huracán María. El Cuerpo de Ingenieros prevé que el pleno restablecimiento energético podría tardar hasta el verano, en pleno comienzo de la próxima temporada de huracanes. Miles de familias viven en casas cubiertas por techos de lona. Otros miles hacen malabares por la pérdida de trabajos. Y tantas más se mudan a Estados Unidos o están en vías de hacerlo.

La lista de necesidades es extensa. Cambiar de tema trastoca las prioridades. Los esfuerzos del gobierno para atender los estragos sin precedentes del huracán quedan en riesgo de diluirse si el mensaje deja de centrarse en la urgencia de la recuperación. La contundencia con que el mensaje se reciba allá depende de la consistencia. También de la unidad. Y el status rasga esa unidad que, tras el temporal, ha cruzado partidos y sectores.

Aún incluso para pedir la atención necesaria al asunto medular que es el status hará falta acudir a Washington con acuerdos comunes.

La destrucción que ocasionó el paso del huracán María ha dejado terreno nuevo para construir un país sobre bases distintas. Así como los tiempos exigen construir desde paradigmas nuevos para tener una isla preparada y adaptable a tempestades futuras, hace falta adoptar dinámicas nuevas que propicien la concertación.

Poner a Puerto Rico de pie, recuperar la credibilidad ante el gobierno federal y los mercados de valores, y alcanzar unidad para exigir la definición de las relaciones futuras con Estados Unidos coloca a la isla en mejor posición para hacerse escuchar.

Puede que lo más severo de la emergencia haya pasado para muchos. Pero Puerto Rico sigue en modo de recuperación. Y ahora ese es el único reclamo que debe retumbar en la capital federal hasta que sea atendido.

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