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La apertura portuaria es un paso trascendental

Flexibilizar las operaciones portuarias para permitir la entrada de cargueros sin las extremas limitaciones que históricamente ha impuesto a Puerto Rico la ley federal de cabotaje no solo resulta indispensable ante la catástrofe que vive el país sino para la etapa posterior de revitalización de nuestra economía.

Apoyamos, por necesaria y pertinente, la iniciativa del presidente Donald Trump de eximir temporeramente a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje, en respuesta a una petición que le cursó el gobernador Ricardo Rosselló con miras a aliviar la situación de emergencia desatada por el huracán María.

La directriz presidencial está dirigida a asegurar que todas las opciones estén disponibles al pueblo de Puerto Rico para transportar y distribuir productos, según explicó la secretaria interina de Seguridad Interna de Estados Unidos, Elaine Duke. Es una apreciación correcta, aunque probablemente el tiempo de vigencia de la orden administrativa, que son 10 días, resulte insuficiente ante la magnitud del daño sufrido por los sectores público y privado por igual.

Trump actuó en nombre de la seguridad nacional, el marco legal que le permite suspender por un tiempo la ley de cabotaje sin contar con el aval de un Congreso que ha sido renuente a enmendar o eliminar el estatuto que regula la transportación marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos desde el año 1920.

Mediante la Ley Jones, se impide la entrada al país de barcos que no sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense. Al respecto, varios estudios realizados por economistas de renombre y uno reciente, del Senado de Puerto Rico, concluyen que la ley restringe la capacidad de importación en términos más favorables al país y que encarece hasta en un cuarenta por ciento el costo de los productos.

En una isla que exporta cerca del ochenta por ciento de lo que consume, estas son palabras mayores. Y en las presentes circunstancias de falta de productos esenciales cobra una dimensión en extremo preocupante.

Previo al paso del huracán Irma por el Caribe, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una exención de siete días de cumplimiento del Acta Jones en beneficio de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Florida. Fue una especie de admisión del efecto adverso de esta ley sobre los territorios e incluso sobre un estado, aunque obviamente se queda corto ante peticiones como la de los senadores republicanos John McCain y Mike Lee. quienes ayer presentaron legislación para eximir permanentemente al país de las normas federales de cabotaje. Ciertamente es un esfuerzo loable.

Sea como sea Puerto Rico necesita y agradece la acción de Trump. Entendemos que agilizará el movimiento en los muelles para suplir suficiente combustible y productos en respaldo a los esfuerzos de salvar vidas, responder a la tormenta y restablecer servicios críticos y las operaciones claves de infraestructura. Más allá de la emergencia demostrará la necesidad de prescindir de la Ley Jones, la que, sin embargo, no cobija a las Islas Vírgenes estadounidenses.

El arribo de más embarcaciones requiere el arreglo urgente de los puertos afectados por María y medidas de excepción por parte de los componentes de la industria de transporte marítimo. En los momentos de crisis que se viven, las empresas navieras deben considerar si pueden adoptar medidas de excepción, por ejemplo, respecto a sus tarifas, como parte de su colaboración con el país en tiempos difíciles.

Es un hecho irrefutable que, después de la devastación causada por María, Puerto Rico necesitará iniciativas de alivio a largo plazo para atender necesidades apremiantes de reconstrucción y la liberalización de las leyes de transporte marítimo es una medida clave.

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