💬 0

La corrupción pública mina la reconstrucción

La corrupción ha vuelto a mancillar la gestión gubernamental en Puerto Rico, con la confirmación de un esquema de contratos fraudulentos en la Asamblea Legislativa, que ha tronchado el sano uso de los recursos públicos. Estos delitos han ocurrido en medio de la lenta recuperación del país, cuando más el gobierno debería evidenciar su pulcritud administrativa.

Este fraude es otro golpe a la confianza depositada en las instituciones y los funcionarios llamados a velar por los bienes del pueblo. Es una conducta completamente contraria al mandato multitudinario expresado días atrás en nuestras calles, de repudio total a la corrupción y a la clase política que la promueve, la permite o es incapaz de detectarla.

La admisión de culpabilidad de dos excontratistas de participar en el esquema de contratos fraudulentos pone de relieve la incumplida responsabilidad del liderato legislativo de velar por la adecuada administración de los recursos en el Capitolio.

Los acusados, excontratistas del Senado y la Cámara de Representantes, se declararon culpables ante el Tribunal Federal de cometer fraude electrónico al facturar por servicios que no realizaron. Junto a ellos, está en espera de su juicio el exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado y expresidente de la Legislatura Municipal de Bayamón.

La corrupción gubernamental es responsable de la pérdida de confianza del gobierno federal que tanto le cuesta a Puerto Rico. Es causa de la retención de fondos asignados a la reconstrucción y ha llevado al gobierno federal a imponer controles más estrictos para desembolsarlos.

Entidades internacionales han descrito la corrupción como el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de un país. A nivel global se estima que, solo el año pasado, costo $2.6 mil millones. Un estudio económico local estimó, asimismo, que, para la década de 1990, la corrupción en el gobierno desvió $3,400 millones que debieron ser dirigidos a servicios para los ciudadanos.

Cada dólar mal usado por prácticas corruptas como el fraude resta materiales escolares a nuestros niños, servicios médicos de calidad a las poblaciones más vulnerables, seguridad pública o la posibilidad de contar con mejores carreteras e infraestructura.

Las autoridades federales han expresado que las tres acusaciones en el llamado caso de empleados fantasmas en el Capitolio, que ayer produjo las dos admisiones de culpa, son parte de una pesquisa que continúa.

Tan reciente como el mes pasado, la Fiscalía federal imputó a dos exjefas de agencias y otros cuatro acusados, el robo de $15.5 millones destinados a educación y salud. Mientras, el senador Abel Nazario también espera por juicio, por 39 cargos de fraude electrónico y uso de documentos falsos relacionados a su pasada gestión como alcalde de Yauco. El próximo 27 de agosto, el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló, tendrá que someterse a una vista de estado de los procedimientos, relacionada con cargos de enriquecimiento ilícito, extorsión e intervención indebida en operaciones gubernamentales al presuntamente favorecer a un donante político.

Las prácticas corruptas se reproducen en un sistema basado en el inversionismo político y el amiguismo, en traición a los méritos de los recursos humanos. De ahí la importancia de recuperar los principios rectores de la sana administración.

Desde la más alta cúpula de las instituciones públicas urge restablecer la pulcritud administrativa que impida a más inescrupulosos, funcionarios o allegados, lucrarse con el dinero que con sudor y esfuerzo aportan los contribuyentes. Además de una supervisión y mecanismos de rendición de cuentas efectivos, detener la corrupción conlleva poner fin a la impunidad.

De las lecciones que quedan por ser aprendidas de los eventos del pasado mes, la clase política debe recordar que se enfrenta a un país atento que, de forma masiva y contundente, ha repudiado la corrupción. Los ciudadanos han recordado alto y claro que nadie está por encima de las leyes. El mandato ciudadano ordena a quienes gobiernan ser verdaderos custodios de los bienes públicos.


💬Ver 0 comentarios