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La entrega de los fondos facilita la reconstrucción

Convertida en ley la asignación de $904 millones adicionales para la recuperación de Puerto Rico, corresponde a las autoridades locales y federales esforzarse por asegurar que las partidas lleguen con diligencia para reconstruir las áreas que aún quedan devastadas casi dos años después del embate del huracán María.

El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de asegurar que los nuevos fondos son distribuidos bajo rigurosos procesos de cumplimiento y rendición de cuentas. La ley de asignación recién firmada suma fondos a los casi $20,000 millones que se estima Puerto Rico debe recibir para su proceso de reconstrucción. La rapidez de su desembolso requiere cooperación mutua entre ambos gobiernos para que se cumpla con los parámetros de la ley.

De inmediato, se anticipa que los primeros fondos a usar de la nueva partida serán los $600 millones adicionales a los primeros $1,207 millones enviados para asistencia alimentaria de emergencia que terminaron en febrero. Por medio de dicha asistencia ante el desastre, el gobierno añadió 299,000 beneficiarios que antes no hubiesen podido recibir la ayuda. La nueva ley asigna, además, $5 millones al Departamento de Agricultura federal para que estudie el impacto en Puerto Rico de dicha asistencia nutricional de emergencia.

Por otro lado, los $304 millones restantes, otorgados mediante la nueva ley, están asignados al Programa de Desarrollo Comunitario para Recuperación por Desastres (CDBG-DR). Bajo ese programa, Puerto Rico ya se cuenta con $1,500 millones disponibles para proyectos de reducción de riesgos y desarrollo económico. De los mismos, hasta el momento, se estima que el gobierno central ha reclamado alrededor de $236 millones.

La ley precisa que los nuevos fondos de CDBG-DR no estarán disponibles hasta que Puerto Rico logre un acuerdo en el estimado total de daños sobre las obras permanentes que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) financiará bajo la sección 428 de la ley Stafford. Ese procedimiento tiene como plazo el 11 de octubre próximo.

El estatuto ordena, además, publicar en 90 días los requisitos de las subvenciones de fondos de mitigación CDBG-DR, que aplicaría a otra partida de $8,226 millones que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) tiene que autorizar para la isla. Para recibir los fondos, Puerto Rico tiene que demostrar que ha establecido controles financieros competentes y procedimientos que eviten duplicación de beneficios.

Se anticipa que la clarificación del lenguaje en la ley para advertirle a FEMA que tiene que rehacer las instalaciones críticas públicas de Puerto Rico de forma más resiliente, puede allegarle a la isla aproximadamente $500 millones adicionales a los ya dispuestos.

Mientras, siguen pendientes $1,932 millones para rehacer la red eléctrica que enfrenta la segunda temporada de huracanes, después del ciclón María, sin que esté preparada para resistir otro fenómeno catastrófico. Otros $8,221 millones, con notificación de uso aprobado, no están disponibles aún para ser desembolsados.

El uso sabio de los fondos ya disponibles, mediante una ejecución eficiente y transparente, debe producir mejoras significativas en áreas que ya estaban maltrechas desde mucho antes del huracán. Quedan por reparar carreteras y estructuras destruidas o cuya seguridad está comprometida. Siguen averiados semáforos y luminarias que añadan seguridad. Y queda por emprender las grandes reformas de infraestructura que saquen al país del siglo pasado.

Con las partidas federales asignadas, corresponde a las jurisdicciones local y federal gestionar los procesos que permitan los desembolsos diligentes. Puerto Rico tiene una oportunidad preciada para modelar una inversión responsable de las aportaciones federales, que ponga a sus instituciones en condiciones de recuperar la confianza de las autoridades federales y de los mercados de capital de inversión.

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