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La figura presidencial debe proteger la democracia

Los acontecimientos judiciales que involucran a ex colaboradores estrechos de Donald Trump estremecen, desde sus cimientos, la democracia estadounidense, por la fuerza que suman a la pesquisa sobre la sospecha de interferencia rusa en las pasadas elecciones de Estados Unidos.

Es inevitable que la pulcritud de la institución presidencial se lacere con la gravedad de los señalamientos contenidos en la declaración de culpabilidad del exabogado personal de Trump, Michael Cohen. Los veredictos de culpabilidad contra Paul Manafort, exjefe de la campaña presidencial, añaden turbidez a la imagen de la Casa Blanca.

Estos resultados judiciales no están directamente vinculados con la llamada trama rusa. Pero ilegalidades admitidas por Cohen vinculan directamente al mandatario. Así, si antes le cubría la sombra de sospecha por asociación, ahora se fortalece la tesis de que el propio presidente, entonces candidato, pudiera haber incurrido en delito.

Cohen y Manafort se suman a una lista de más de 30 acusados federales, producto de pesquisas relacionadas con la pasada campaña electoral y esta Administración federal. Seis han confesado culpas. Entre ellos, el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y otros dos exasesores de la campaña presidencial de Trump.

Los procesamientos se derivan de la pesquisa comenzada en 2017 por el fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles lazos entre la campaña de Trump y Rusia, país señalado por interferir en las elecciones de 2016 a favor del candidato que prevaleció. Es preciso que los resultados investigativos lleven a robustecer la institución electoral estadounidense, hoy manchada con sospechas de intromisión extranjera.

La mayoría de los análisis sobre los eventos recientes coinciden en que el presidente queda ahora más cerca de ser residenciado o procesado criminalmente. Se basan en que se vuelve más creíble que Trump confabulase para mentirle al electorado para obtener ventaja política. Lo que ocurra en las elecciones del Congreso en noviembre podría determinar el futuro del presidente. Y el de las instituciones democráticas que la figura presidencial representa.

El presidente ha reiterado su desdén hacia las investigaciones. Un análisis periodístico de The New York Times revela que desde que el Negociado Federal de Investigaciones allanó las oficinas de Cohen en abril de 2017, el mandatario se refirió a la pesquisa como una “cacería de brujas” en más de 110 ocasiones. Súmesele las veces en que ha mancillado el proceso en visitas a sus huestes alrededor de la nación.

Trump parece menospreciar el privilegio a ocupar la silla presidencial al desdeñar el derecho de los constituyentes a recibir cuentas claras de los funcionarios públicos. Con sus ataques reiterados a los esfuerzos investigativos del gobierno federal que dirige, Trump lastima otras instituciones indispensables para el sano funcionamiento de una sociedad libre.

Lo que acontece convoca a una profunda reflexión a funcionarios, políticos y ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en todo país que se precie de democrático.

Es recordatorio vivo de que, tanto allá como en Puerto Rico, aquellos elegidos para administrar nuestras instituciones tienen la obligación legal de hacerlo con integridad, responsabilidad y transparencia. Tienen, además, la obligación moral de despejar cualquier apariencia que vulnere su credibilidad y genere desconfianza entre los ciudadanos. Y de asegurar que quienes les rodean tienen también que mantenerse intachables, sin titubeos éticos.

Este convulso periodo histórico representa oportunidades para elevar las protecciones de la democracia.

En la primera línea de defensa, los ciudadanos tienen la responsabilidad de mantenerse atentos a estos procesos judiciales y políticos, libres de apasionamientos sectarios. A nivel local, es importante entender la pertinencia de los sucesos a nuestras propias instituciones, políticas y de gobierno.

En Washington, las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias para que trascienda la verdad y cumplan aquellos otros que pudieran resultar culpables. Ante todo, la presente sacudida a las instituciones democráticas debe tener el efecto de fortalecerlas ante cualquier intento interno o foráneo de debilitarlas o destruirlas.

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