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La fiscalización energética abona a la credibilidad

Contar con una comisión reguladora claramente independiente es condición imprescindible para establecer el sistema energético diversificado y abierto a la libre competencia que la reconstrucción de Puerto Rico demanda.

El criterio de autonomía debe regir como piedra angular en la toma de decisiones de la Comisión de Energía insular. Es el modo en que el organismo podrá hacerse cargo, con propiedad y autoridad, de la regulación y la fiscalización de un sector que se encamina hacia un complejo proceso de modernización y privatización.

La fusión por ley de la Comisión con otros organismos, bajo la nueva sombrilla denominada Junta Reglamentadora del Servicio Público, levanta interrogantes sobre la independencia y la fuerza que debe tener el organismo regulador ante la magnitud de su misión.

El estatuto crea la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico a partir de la consolidación de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la Administración de Energía de Puerto Rico y la Comisión de Energía.

En su exposición de motivos, el proyecto convertido en ley el lunes indica que se trata de un nuevo modelo de administración que procura el mejor uso del capital humano y de los recursos fiscales. Al mismo tiempo, dispone la integración de las actividades gubernamentales en una sola entidad dirigida por un cuerpo colegiado. Establece que la misión del nuevo organismo será reglamentar, supervisar y administrar las instrumentalidades que forman parte de la Junta de Servicio Público.

Estos propósitos deben ser aclarados.

La Junta de Supervisión Fiscal, miembros del Congreso con injerencia directa en los asuntos de Puerto Rico y los fondos de recuperación, y figuras de los sectores público y empresarial, han expresado la seria preocupación de que los poderes asignados a la Comisión desde su creación en 2014 se diluyan al colocarla bajo un organismo sombrilla.

Sostienen que un marco institucional diáfano y un regulador independiente y robusto darán confianza al inversionista que evalúa a la isla como destino para colocar su dinero. También proporcionarán al gobierno federal certeza sobre la inversión solicitada para reconstruir la infraestructura eléctrica de la isla.

Hay que escuchar estas voces que provienen de sectores con peritaje y compromiso con la isla.

La meta final común debe ser modernizar el sistema energético, dentro del marco de la competencia, asegurando la protección del interés público mediante tarifas asequibles que estimulen la inversión y el empleo.

Para lograrlo se requiere establecer una política pública y un cuerpo de regulaciones que garantice su puesta en vigor. Así se fortalecen la transparencia y la participación multisectorial.

Es imprescindible que la Comisión de Energía pueda descargar su responsabilidad de asegurar que el plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica es cónsono con las necesidades del país tras el huracán. El desarrollo del sector energético con fuentes alternativas al petróleo es parte crucial de la ecuación transformadora.

La coyuntura obliga, asimismo, al reclutamiento del mejor y más experimentado talento para la junta directiva de la Comisión.

La industria diversificada que debe emerger de la privatización de activos de los sistemas de transmisión y distribución eléctrica requiere un regulador con credibilidad, tanto ante el inversionista como ante el consumidor, durante la supervisión del esquema tarifario.

El alto costo energético tiene que dejar de ser un escollo para el desarrollo de Puerto Rico. Precisamente, la fiscalización oportuna es la herramienta para alcanzar la justicia energética.

Por eso es menester robustecer la estructura legal y organizativa de la Comisión de Energía. Ello demostrará que Puerto Rico es capaz y está activo de hacer negocios en un ambiente de seguridad y estabilidad.

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