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La gestión pública debe separarse de la política

De frente a las prioridades económicas y sociales de Puerto Rico, es una insensibilidad hacia el ciudadano y un traspaso del límite de la prudencia en el uso de fondos públicos, destinar dinero de los contribuyentes para gestiones proselitistas y de cabildeo que se adentran en terreno de los partidos políticos.

Es por ello que condenamos el traspaso a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. de los gastos que suponga la operación de la Comisión de la Igualdad, compuesta por siete miembros.

Antes de cargar a PRFAA con tal obligación, la Oficina de Gerencia y Presupuesto había estimado en $373,800 el costo del pago de dietas y reembolso de gastos de la delegación que se propone reclamar ante el Congreso la estadidad. Ante el torrente de indignación y críticas que tales cálculos causaron, la Legislatura enmendó la ley que creó la Comisión para eliminar la remuneración directa a los nuevos comisionados.

Pero, en una vuelta de tuerca, convirtió a PRFAA en la base de operaciones de la Comisión y a sus empleados en el recurso humano que le servirá de asistencia en la agenda y estrategias que realizarán en la capital federal. El uso de oficinas, utilidades, equipo y lo demás que surja en el camino también se hará por cuenta de la agencia, que manejará un presupuesto de $3.3 millones este año fiscal 2018 con una veintena de empleados.

A pesar del cambio en la ley, en esencia todo permanece igual. La responsabilidad económica sigue a cuenta del pueblo, con el agravante de que se le restan recursos a la entidad para representar los intereses de todos los puertorriqueños en los Estados Unidos. Esta labor se complica más ante las exigencias de tiempo y esfuerzos ante el Congreso que demanda la situación fiscal de Puerto Rico para, por ejemplo, abogar por fondos para salud, vivienda y otros, en apoyo a la gestión de la comisionada residente en Washington.

Al mismo tiempo, se coloca al personal de la oficina en la posición de realizar labores ajenas a las dispuestas para su reclutamiento y a la promoción del bienestar de las poblaciones en la Isla y las que residen en los cincuenta estados.

Es un error tratar de equiparar la misión ideológica de la Comisión con la de las agencias del gobierno. Este es un derrotero equivocado que han tomado administraciones anteriores, dando uso equivocado a los dineros públicos.

El sacrificio que conlleva vivir con menos dinero, debido a los recortes de jornada laboral y de pensiones, debería abonar a la empatía con la situación que se avecina para los servidores y jubilados públicos. El gasto innecesario resulta en una afrenta para el pueblo trabajador que aporta al erario, máxime cuando en los partidos políticos hay funcionarios que podrían hacer las gestiones ajustándose a sus presupuestos.

La misión de servicio de las instituciones gubernamentales se contamina con el abuso de los recursos públicos por el afán político. El hecho de que en este caso medie un estatuto, la ley 30 de 2017, no hace distinta la situación. Esta se suma al libro de estatutos arrogantes aprobados sin fundamento, sin posibilidades de implantación o para mantener organismos innecesarios.

Los miembros de la Comisión, cada uno de los cuales ha tenido oportunidad de deberse a su pueblo, están a tiempo de rechazar cualquier proceso que implique erogación de fondos públicos, ya sea directa o indirectamente.

De igual forma, el gobierno está a tiempo de enmendar nuevamente su error, relevando de la carga presupuestaria a una agencia que tiene que poner por delante el bien mayor de las comunidades boricuas aquí y allá, y aportar a nuestra recuperación total como pueblo.

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