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La independencia judicial es pilar de la democracia

Las denuncias públicas que precedieron la renuncia del juez Rafael Ramos Sáenz como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones han generado profundas dudas en torno a sus actuaciones desde el estrado. Pero, por encima de ello, han emitido una alerta sobre el estado de pulcritud de la independencia judicial y del proceso electoral.

Las denuncias ameritan investigaciones rigurosas porque llegan al corazón de dos pilares de nuestra democracia: el ejercicio sano de la justicia y la protección del derecho al voto. Estas deben mostrar la voluntad gubernamental para determinar si se le falló al pueblo, castigar apropiadamente a los que lo hayan hecho, y corregir las deficiencias que hubiesen permitido conductas que laceran la confianza del pueblo en los sistemas judicial y electoral.

Se trata de dos instituciones con misiones deslindadas. En el caso que nos ocupa, las pesquisas deben determinar si esas funciones se tergiversaron mediante acciones del juez y de otras personas con vínculos partidistas y que hoy ocupan importantes cargos públicos.

A Ramos Saénz públicamente se le imputa haber participado en estrategias de la pasada campaña electoral del Partido Nuevo Progresista cuando era simultáneamente juez y presidente de la Junta de Inscripción Permanente en Moca. Las alegaciones aluden a una serie de mensajes en una red social que presuntamente incluían intercambio de información y consultas sobre asuntos judiciales ante la consideración del juez. Principalmente giran en torno al voto de las personas enfermas o con impedimento que emitían su voto en su residencia.

La Rama Judicial anunció que conduciría una investigación, ante el peso de las alegaciones. El Departamento de Justicia hace lo propio, lo que abre la posibilidad de activar el Panel del Fiscal Especial Independiente. La comisionada electoral independentista, María de Lourdes Santiago, pidió a una investigación a la Comisión Estatal de Elecciones.

Todas estas pesquisas requieren el mayor rigor y amplitud. Está en juego la credibilidad del sistema judicial de Puerto Rico. La Judicatura ha sido sacudida anteriormente por algunos jueces que incurrieron en conductas de aceptación de soborno y favores, y prácticas de acoso laboral, entre otros. Los que le faltaron a la confianza ciudadana fueron sancionados o privados de ejercer la abogacía por el Tribunal Supremo. Además, algunos han sido castigados por el sistema penal. Es lo justo.

A la Rama Judicial le toca impartir justicia de acuerdo con el ordenamiento constitucional. Evitar que los intereses particulares, incluido el político-partidista, incidan en la toma de decisiones judiciales es salvaguarda para mantener la credibilidad de la toga.

Por su parte, a la Comisión Estatal de Elecciones le corresponde velar por la pureza de los procesos sufragistas. Garantizar que la voluntad ciudadana ejercida mediante el voto sea respetada es uno de los fundamentos de nuestra democracia.

Por ello es menester aclarar si los hechos ocurridos en Moca constituyen intromisión partidista y esa práctica se ha extendido a otras localidades de la isla. Esta controversia que no se resuelve con la dimisión del juez Ramos a la Comisión Estatal de Elecciones.

La legitimidad de un gobierno electo descansa en el proceso electoral. Una vez el pueblo se expresa mediante el sufragio, toda la estructura gubernamental se monta sobre el resultado de las urnas.

Es oportuno, además, aprovechar la coyuntura para repensar el sistema electoral del país, si su actual estructura sirve a la sociedad del siglo 21, si son necesarias las juntas de inscripción, si se utiliza adecuadamente la tecnología y cómo se puede potenciar su uso.

Las investigaciones deben empezar cuanto antes. Si las alegaciones son correctas, todo el peso de la ley debe recaer sobre los involucrados. El intervencionismo político no tiene cabida en los tribunales.

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