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La inestabilidad pública afecta a los necesitados

La decisión del gobierno federal de poner en pausa e investigar el desembolso de los fondos asignados a entidades sin fines de lucro, se suma a medidas tomadas por otras entidades federales para controlar y verificar el uso de las asignaciones para la recuperación, en medio de la inestabilidad gubernamental que ha sufrido Puerto Rico.

Estas nuevas circunstancias abonan a la urgencia de resolver la mirada de desconfianza que el gobierno de Estados Unidos ha posado sobre la isla. Corresponde a las autoridades locales encaminar procesos claros que garanticen que los dineros se usen de forma apropiada, para no afectar los servicios que el tercer sector brinda a poblaciones vulnerables.

La Oficina del Inspector General de la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario comenzó una auditoría y supervisa los fondos asignados por el programa AmeriCorps, que se distribuyen a través del gobierno de Puerto Rico a entidades sin fines de lucro. La agencia impuso controles más rigurosos y una mayor vigilancia a los procesos de otorgamiento de los dineros, con los que Puerto Rico debe mostrar plena cooperación.

Estas medidas resultan de la desconfianza derivada de casos de corrupción. También de la inestabilidad que hubo o hay en la jefatura de agencias de gobierno críticas. El Departamento de Hacienda, el conducto de los fondos hacia las organizaciones, en menos de un año ha tenido tres secretarios. Además, las principales entidades públicas a cargo del orden fiscal y el desarrollo económico no tienen jefes.

Está detenido el desembolso para las operaciones de entidades que sirven a sectores de la población a los que el gobierno no alcanza a llegar. Se estima que estas entidades sin fines de lucro han acumulado deudas de más de $600,000 para evitar interrumpir los servicios y despedir a cientos de empleados. Las organizaciones advierten que el presupuesto se les acaba para sostener el peso de la inversión por más tiempo.

Trasciende que la situación se deriva también de la falta de atención a los requerimientos federales, debido a la inestabilidad en el gobierno. Hasta donde se conoce, ninguna de las organizaciones ha enfrentado señalamientos por mal uso de fondos de programas como AmeriCorps, una iniciativa de subvención de empleos.

Desde la Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico se ha propuesto al gobierno crear un fondo especial para pagarles a las entidades con fondos estatales que luego sean reembolsados por el gobierno federal. La recomendación debe ser atendida.

El propio gobierno federal ha reconocido que las OSFL realizan un trabajo crítico para el desarrollo humano en la isla. Estas conocen las vulnerabilidades y trabajan para potenciar la riqueza humana que habita en nuestras comunidades. Proveen un acervo de conocimiento valioso para encaminar el desarrollo sostenible.

Hasta el año pasado, cerca de 4,500 organizaciones de impacto comunitario operaban enPuerto Rico. Engeneral, se sostienen principalmente de donaciones privadas y se estima que solo el 36% de sus ingresos provienen del gobierno. Antes de los huracanes de 2017, las OSFL dieron cuenta de un aumento consistente en la demanda de servicios, mientras sus recursos disminuían. Más del 60% informó en 2016 que enfrentaba retos para obtener fondos y demora en recibir los pagos del gobierno.

Pero durante la emergencia por los temporales, aportaron el equivalente a 2,000 empleos a tiempo completo. Para 2015, el sector generaba más de 150,000 empleos, que representaban el 16% de la fuerza trabajadora en la isla. Asimismo, aportaban el 6.6% del Producto Nacional Bruto.

Es vital que el gobierno atienda los requisitos dispuestos por el gobierno federal para asegurar que los fondos asignados lleguen a quienes más lo necesitan. Además de la atención pronta al sector sin fines de lucro, urge que una nueva gobernanza adopte prácticas que hagan al gobierno inmune a la corrupción.

Queda por delante una ambiciosa agenda de reconstrucción y ordenamiento fiscal que, finalmente, catapulte el desarrollo económico de Puerto Rico.

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