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La isla necesita recaudos municipales eficientes

Las iniciativas anunciadas por el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) para encaminar una restructuración que sume eficiencia a su operación, implican el reconocimiento de la necesidad de transformar uno de los sistemas llamados a respaldar las metas de recaudos y, por ende, el cuadre de las finanzas de Puerto Rico.

Las deficiencias acumuladas en el nivel de recaudos del CRIM, relacionadas a retrasos en transacciones, fallas en los controles, y la necesidad de revisar exenciones y decretos, obligan a reorganizar las operaciones de la entidad.

Esto es un imperativo de cara al objetivo de lograr la estabilidad fiscal pública. De hecho, en el pasado cuatrienio, una comisión técnica del Tesoro de los Estados Unidos evaluó las operaciones del CRIM y emitió recomendaciones para mejorar su desempeño.

Un estudio reciente ha identificado deficiencias serias en las operaciones del CRIM, como el retraso de 17,000 transacciones en la Región de Bayamón. En este contexto, luce atinada la anunciada puesta en vigor de medidas que vayan eliminando esas deficiencias.

El CRIM es un organismo medular en el objetivo de lograr los recaudos para hacer posible la gestión gubernamental. En impuestos a la propiedad mueble e inmueble, entre otros, recauda un promedio de $1,000 millones anuales. Las mejoras operacionales a la entidad, según las proyecciones más recientes, permitirían un alza en recaudos de 10%, equivalente a $103 millones adicionales.

Mientras, los recaudos de Hacienda incluyen $2,500 millones por concepto del Impuesto de Ventas y Uso; $2,000 millones en contribuciones sobre ingresos de individuos, $1,700 millones de corporaciones y $1,900 millones correspondientes a la aportación de las corporaciones foráneas.

Las mejoras anunciadas para el CRIM incluyen la creación de una división de servicios corporativos y bancarios para atender a esos clientes separados de otros contribuyentes.

También se plantea como una gestión para allegar más ingresos, el procurar apoyo interagencial para identificar a propietarios que no figuren en los registros del CRIM y que no han cumplido con sus obligaciones tributarias. Esperamos que la colaboración con las autoridades de Acueductos y Alcantarillados y Energía Eléctrica, así como con Hacienda y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, rinda los frutos proyectados.

El intercambio de información entre las dependencias que manejan las contribuciones de individuos y corporaciones, entre otras, puede ayudar a identificar áreas de evasión o que impliquen ajustes en aportaciones futuras.

El pasado año fiscal, el CRIM reportó $639 millones en contribuciones sobre la propiedad inmueble y $390 en propiedad mueble. Estos recaudos representaron una disminución de $19.7 millones en comparación con el año fiscal anterior. La merma, cuya causa se investiga, se concentró en la contribución sobre la propiedad mueble o de inventarios. En este renglón, preocupa, según expone el sector comercial, lo oneroso del impuesto al inventario, al que describen como una tributación creciente si se mantiene un volumen alto de mercancía en almacenes. Revisar este asunto queda como un punto importante en la agenda legislativa.

Otro examen cauteloso pendiente se relaciona con el voluminoso renglón de los decretos de exenciones, que se amparan en leyes de exportación o de servicios y entidades financieras, entre otras. Se trata de medidas para atraer inversión, pero sus resultados no se examinan periódicamente para determinar si se justifica su recurrencia. En el renglón de decretos, el CRIM informó que 97% son otorgados por el Estado y totalizan $10,800 millones. El restante 3% lo conceden los municipios y equivale a $375 millones.

La reorganización proyectada busca uniformar procesos, desarrollar métricas de desempeño y brindar herramientas tecnológicas que redunden en mayor productividad y eficiencia. Incluyen, además, reubicar oficinas para hacerlas más accesibles a los ciudadanos.

Esperamos que los cambios y el mejoramiento operacional estimulen la responsabilidad contributiva, mediante un sistema moderno y justo. Ello debe abonar a la confianza ciudadana y, por ende, a mayores aportaciones para el bienestar de Puerto Rico.

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