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La isla necesita un sistema energético que funcione

El Plan Fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal finalmente certifique para la revitalización de la red energética en Puerto Rico debe dirigirse hacia modelos que dejen atrás el sistema burocrático, costoso y carente de liderato que reina en la Autoridad de Energía Eléctrica.

La conciencia de que la corporación pública obstaculiza el progreso económico de Puerto Rico lo obliga a desprenderse de esta entidad caótica, tal y como la conocemos hoy, para dar paso a un sector energético que no sangre el bolsillo de su clientela.

El colapso estructural de la Autoridad quedó evidenciado en las audiencias celebradas este jueves por la Junta, en las que participó casi una veintena de expertos en asuntos energéticos. La entidad procuró, además, el insumo de los trabajadores, la oposición política y la gerencia de la AEE como paso previo a la certificación este mes del plan fiscal de la empresa estatal.

El consenso es diáfano y claro: es urgente la necesidad de lograr financiamiento para actualizar la operación eléctrica, dotarla de nuevas tecnologías que atemperen sus procesos al momento histórico pos huracán, establecer sistemas regionales de distribución y microrredes, y mover a la isla hacia las fuentes de energía renovables. Basta de burocracia y la politización.

Las recomendaciones se basan en el panorama de ineficiencias estructurales y la ausencia de liderazgo. El esfuerzo no debe concentrarse en tratar de salvar a la AEE, sino en garantizar un sistema eléctrico confiable, duradero y resistente a toda crisis, incluidas las atmosféricas. La agenda para edificar la competitividad sostenida de Puerto Rico requiere la participación directa del sector privado como ancla de la generación de empleos.

Para que el plan fiscal del sistema eléctrico pueda acometerse y resultar en disciplina fiscal, tienen que darse ciertas condiciones. Un paso esencial es crear el marco legal infalible para proceder con el proceso de privatización anunciado por el gobernador Ricardo Rosselló, que posiblemente comience con el área de servicio al cliente.

También se necesita establecer procesos claros y diáfanos, de modo que exista un orden racional que facilite los necesitados grandes cambios. Es igualmente importante hacer una demarcación clara de las funciones y responsabilidades de todas las entidades que participen en la ruta energética. Entre ellos, la gerencia de la empresa pública, el gobierno estatal y la Junta de Supervisión Fiscal.

El proceso tiene que estar sujeto a una Comisión de Energía independiente del gobierno y con garras, de modo que pueda regular la industria acertadamente. La propuesta del Ejecutivo de fusionar a la Comisión con otras entidades que respodan al gobernador es inaceptable porque menoscaba la función de fiscalización del ente rugulador.

La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad dorada de establecer las bases para reconceptualizar el sistema energético desde la visión del Puerto Rico futuro.

Aun con un plan aprobado y allanado el camino a su implantación, la falta de fuentes de financiamiento para el futuro energético es un problema crítico. Los esfuerzos deben dirigirse a buscar apoyo financiero del gobierno federal y a la evaluación de propuestas de inversión privada, lo que la Junta ha comenzado. El préstamo de $1,300 millones del Fondo General serviría como puente a la entrada de este otro capital.

La Autoridad agotó sus posibilidades como proyecto para fomentar el desarrollo económico. Por eso, la ruta de transformación energética debe nutrirse de las recomendaciones de las mejores mentes en un proceso público transparente. La Junta ha abierto espacios. Esta es una oportunidad preciada para dejar como legado un sistema energético confiable y duradero que sirva al progreso. Pero para ello Puerto Rico debe desprenderse de lo que no ha funcionado.

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