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La legislatura debe asumir su deber constitucional

La legislatura ha quedado emplazada por el pueblo puertorriqueño a cumplir su deber constitucional de iniciar sin demoras una investigación que determine si hay bases para residenciar al gobernador Ricardo Rosselló.

La parsimonia que han mostrado los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado tiene secuestrado al gobierno. Los líderes legislativos no han actuado con la diligencia requerida ante la negativa del mandatario a acatar el persistente reclamo del pueblo para que renuncie.

Con el gobernador inhabilitado, las operaciones gubernamentales continúan gracias a jefes de agencias dedicados a la eficiencia en el servicio público. Nuestro agradecimiento a esos funcionarios que, a pesar del clima de desmoralización, se mantienen fieles a su deber. Es el caso, entre otros, de Educación, Salud, Autoridad de Energía Eléctrica y Policía.

Ello no exime a los líderes legislativos de cumplir con su responsabilidad. La Constitución les faculta a activar sin dilación el proceso para determinar si hay causa para iniciar el residenciamiento del gobernador. El Artículo 3, Sección 21 de la Carta Magna especifica que a la Cámara le corresponde empezar la investigación y que puede formular una acusación si se configuran los elementos de delito. Al Senado le tocaría juzgar y dictaminar. La decisión legislativa sería final y firme. Las cámaras tienen el poder de autoconvocarse para sus procesos, y les corresponde establecer las normas y procedimientos que aplican.

Ninguno de los dos presidentes legislativos ha mostrado voluntad por atender esta crisis institucional con la premura que amerita. Van siete días de intenso repudio del pueblo, y de fuerte censura desde Washington y otras partes del mundo, al gobernador.

Méndez ha dilatado la búsqueda de una solución. Encomendó un análisis a tres juristas prominentes antes de tomar una determinación. La Cámara no está obligada a ese paso, pues tiene autoridad constitucional para realizar la pesquisa. A los juristas les dio diez días, lapso demasiado prolongado ante la severidad de la inestabilidad en la isla. En medio de la conmoción provocada por el contenido del chat de 889 páginas del gobernador y su círculo cercano, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz se ausentó de la isla.

La crisis se agudiza con el comentario de ayer del presidente Donald Trump sobre la precariedad del liderato puertorriqueño. Puerto Rico no puede mantener por más tiempo el presente limbo institucional por su peso en el ánimo social, la agenda de recuperación y la confianza en el país. Cada cual tiene que asumir el papel que le mandata la Constitución en este capítulo histórico.

Mientras los ciudadanos ejercitan su calma y prudencia y la legislatura asume su deber, el Ejecutivo tiene que descargar importantes deberes. El Departamento de Justicia debe asegurar que su pesquisa sobre el chat se lleva a cabo de forma pulcra y con premura. La fiscal Olga Castellón tiene la encomienda de no dejar más espacio a la desconfianza ya generalizada en la sociedad.

Con igual celeridad, es preciso que el gobernador designe quién ocupará la Secretaría de Estado. Esa persona debe cumplir con las competencias que exige trabajar con gente de distintas ideologías, contar con la pericia y asumir con seriedad el puesto. Asimismo, debe definirse quién representará al gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal. Pendiente está adelantar asuntos fiscales como la reorganización presupuestaria y de la deuda.

Es importante despejar las dudas que opacan los esfuerzos para la recuperación fiscal. Sin credibilidad, se complica el desembolso de los fondos federales para la revitalización y el necesario retorno a los mercados de inversión.

En el plano político, la comisionada residente, Jenniffer González, pidió al Directorio del Partido Nuevo Progresista una reunión urgente. Como partido de gobierno, recae en la colectividad adelantar soluciones. Debe demostrar que se rige por los principios sobre los cuales sus fundadores le convirtieron en opción de gobierno y progreso. Puede impulsar que el liderato legislativo haga su trabajo.

Los acontecimientos históricos exigen a la legislatura elevarse a la altura del momento. Apremia que acate la Constitución, con compromiso patriótico, para asegurar el bienestar presente y futuro de los puertorriqueños. Todos tenemos que trabajar juntos para reconstruir a Puerto Rico porque el tiempo apremia.

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