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La legislatura debe asumir su responsabilidad fiscal

La aprobación esta semana de $9 millones para distribuir en distritos representativos de la Cámara, lo que se espera suceda también en el Senado, es otra muestra de la resistencia de la clase legislativa a actuar de acuerdo a la gravedad de la crisis fiscal de Puerto Rico.

En su lugar, persiste la añeja práctica de repartir fondos, con escasa o ninguna rendición de cuentas, para acomodar sus intereses electorales. Estas acciones atentan contra la prudencia y visión sostenible, y minan los esfuerzos para sacar al país de la quiebra.

Mientras, la legislatura se niega a reducir su propio presupuesto. Mantener la actitud de indiferencia ante los verdaderos problemas del país es inaudito. Los ciudadanos son quienes terminan perdiendo en forma de oportunidades y servicios por causa del derroche innecesario al que está habituada la legislatura.

Condonar dichas actitudes, permite que el país pierda dinero y la ruta para propiciar una transformación real. El liderato político y los ciudadanos tienen que presionar para que la clase legislativa asuma su papel colaborativo en la reconstrucción puertorriqueña.

La isla sufre un persistente problema de desigualdad socioeconómica que requiere de políticas públicas justas e integradas que brinden iguales oportunidades de desarrollo a los ciudadanos.

Las repercusiones de esas condiciones de injusticia son múltiples y pesan más sobre las poblaciones más indefensas. Un informe reciente sobre el impacto del huracán María sobre niños y jóvenes nos recuerda esa dura realidad. Los peores estragos los sufren, todavía hoy, los niños que viven en hogares con mayor carencia de recursos. Más de la mitad de los menores de 18 años no cuenta con bienes de subsistencia adecuados. Por otro lado, se estima que una cuarta parte de nuestra población adulta no completa el cuarto año, empujada por un sistema educativo anacrónico.

¿Dónde están, por ejemplo, las propuestas legislativas que, nutridas por estudios científicos y mecanismos de medición efectivos, atiendan las múltiples dimensiones de esos problemas y erradiquen sus raíces? ¿Dónde están las propuestas legislativas para atender con seriedad y premura la falta de equipos y personal en el Negociado de Ciencias Forenses, o para asegurar que los pacientes de vih-sida no sean obligados a interrumpir sus tratamientos?

Vemos, en cambio, a una legislatura lista para servirse camino a los comicios electorales de 2020.

El presidente de la comisión cameral de Hacienda, Antonio Soto, ha anticipado su intención desafiar el Plan Fiscal, al prever recortes para la legislatura. Alega que tales ajustes presupuestarios afectarían servicios legislativos y la democracia.

Mientras tanto, la legislatura destina casi $190,000 a edificar más monumentos que, independientemente de las causas a las que se dediquen, sorprenden en un país sin crédito, con deficiencia fiscal, en vías de reconstruir y con pobreza generalizada.

Además de los $9millones recién aprobados, la legislatura hace planes ya con nuevas partidas de alrededor de $10 millones antes que acabe la presente sesión. La tendencia en cada cuatrienio es repartir la mayoría del dinero a base de consideraciones partidistas.

Aducen que los fondos se usarían en mejoras de infraestructura y ciertos servicios a ciudadanos, incluidos jóvenes y personas de edad avanzada. Esta forma de legislar la asignación de fondos, sin contextualizar las necesidades que más apremian, tiene el efecto de atender apenas algunos síntomas de problemas estructurales que requieren la atención y energía plenas de la clase legislativa.

Puerto Rico merece más que la compra de simpatías por parte de su liderato político, particularmente, de sus representantes directos en la legislatura.

La clase política debe reconocer su parte en los graves problemas que aquejan al país. Lo menos que merecen los ciudadanos es una rendición de cuentas clara y precisa de dónde, para quién, por qué y qué resultados se obtienen del dinero repartido. Los ciudadanos deben mantenerse atentos y pedir cuentas por lo que reparten o dejan de hacer los políticos electos. El derecho de los ciudadanos a participar de la democracia no tiene que esperar a los próximos comicios.

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