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La Legislatura debe responder al futuro de Puerto Rico

La Asamblea Legislativa inicia hoy una nueva sesión, con la responsabilidad de crear los marcos legales sostenedores del equilibrio presupuestario y del cuerpo de reformas estructurales que deben encaminar la revitalización fiscal y el desarrollo de Puerto Rico.

La agenda es tan amplia como importante. Será posible completarla si prevalece la consciencia de que el interés de Puerto Rico prima sobre cualquier otro. Y de que la conversación armoniosa es el camino que lleva a las soluciones.

En primera fila se encuentra la definición del cuadro regulatorio y de la política pública sobre el proceso de privatización de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es tarea central asegurar la transparencia y fiscalización en las transacciones, como criterios para la protección del interés público en la ruta hacia la modernización de la infraestructura y la diversificación de las fuentes de energía.

La política pública y el marco de regulación del sistema energético tienen que ser claros e inspirar confianza en los inversionistas interesados en aportar con su capital al fortalecimiento de los distintos componentes del andamiaje de electricidad. La misma credibilidad tiene que llegarle a los abonados del sistema, cuyos intereses deben ser razonablemente defendidos por el cuadro regulatorio que surja del proceso legislativo.

Contar con un sistema energético renovado y resistente es la clave para la estabilidad y la sostenibilidad de las actividades de los distintos sectores económicos. La debilidad o fortaleza de la red eléctrica impacta también la calidad de vida de nuestras familias.

En esa línea, la reforma contributiva y el Código de Incentivos son también claras prioridades. La primera persigue la tan ansiada justicia tributaria para individuos y empresas, la cual abonaría al clima de inversión de capital en la isla. Está claro que este es un paso necesario para la creación de empleos y el cumplimiento organizado con las obligaciones prestatarias.

De la misma manera, el éxito de la revisión de la normativa de atributos fiscales depende de su sincronía con la visión de futuro del país. Para ello es indispensable contar con métricas sobre el retorno de la inversión que se haga en los distintos sectores económicos o sociales.

El análisis legislativo debe asegurar que los cambios tributarios no contravienen las proyecciones de ingresos al fisco que respaldan las cifras del presupuesto y del plan fiscal. Estos han sido certificados por la Junta de Supervisión Fiscal y avalados mediante fallo judicial bajo el Título III de la ley federal Promesa.

Es esencial que el cuerpo de legisladores cierre filas con las prioridades de Puerto Rico. No es prudente consumir energía, tiempo y recursos del pueblo en la sobrevivencia política, como lo es imponer un salvamento artificial de las Juntas de Inscripción Permanente, atribuyéndoles tareas que otras agencias públicas pueden realizar.

Las necesidades apremiantes de muchos puertorriqueños reclaman que se legisle para construir a Puerto Rico sobre bases productivas, sin derroches que solo acomodan al partidismo. El momento llama a cuidar porque los menguados dineros públicos se destinen a las áreas esenciales, y en línea con el presupuesto vigente.

Prácticamente a un año del inmisericorde azote del huracán María, el pueblo puertorriqueño merece y espera la aplicación de la mayor responsabilidad en los trabajos de la agenda de esta sesión legislativa, que incluye las deliberaciones sobre el futuro energético y contributivo, entre otros temas medulares para el futuro de Puerto Rico.

No podemos olvidar que el equilibrio fiscal es una condición para resolver el problema de endeudamiento que le ha cerrado a la isla la puerta de los mercados que son fuentes del capital de inversión. A la Asamblea Legislativa le corresponde respaldar el desarrollo futuro de Puerto Rico.

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