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La legislatura de espaldas al pueblo puertorriqueño

En menosprecio a las serias vicisitudes económicas de muchos puertorriqueños golpeados por la crisis fiscal, la Asamblea Legislativa mantiene un esquema de contrataciones que desangra las finanzas públicas.

Esos contratos legislativos por cuantías millonarias lastiman la sensibilidad y privan de recursos a quienes cada día se ganan con arduo esfuerzo el sustento con que a duras penas pagan sus cuentas y respaldan las oportunidades de progreso de sus familias.

Mientras los ciudadanos se ciñen a ajustes presupuestarios que permitan al país superar su deficiencia fiscal, la legislatura reparte entre allegados y familiares millones de fondos públicos mediante la contratación de tareas que deberían realizar la oficina de Servicios Legislativos y el personal de los propios legisladores.

En poco más de dos años, entre enero de 2017 y mayo de 2019, solo uno de los cuerpos, la Cámara de Representantes, otorgó $18.7 millones en contratos de servicios de consultoría.

A julio de 2017, la citada Oficina de Servicios Legislativos, que fue por décadas el brazo de asesoramiento técnico para los legisladores, tenía 134 empleados. Hoy la legislatura se niega a precisar si esa cifra se mantiene. Los cuerpos legislativos han contado, también, con oficinas de prensa y una biblioteca manejadas por empleados de carrera que deberían estar desempeñando muchas de las labores que hoy se adjudican innecesaria y onerosamente a contratistas externos.

Estas oficinas ayudaban a proteger la institucionalidad del cuerpo legislativo. Pero el inversionismo político ha ocupado el espacio, con el consecuente derroche monetario.

Ahora los legisladores contratan sus propios asesores o el presidente del cuerpo les asigna un asesor por contrato. Un grupo de contratistas acapara el servicio que debería ser prestado por la Oficina de Servicios Legislativos.

El manejo de imagen -de crisis y reputación- para un solo legislador, por ejemplo, de Henry Neumann, le ha costado al pueblo $134,000 en lo que va de cuatrienio. Esa suma es parte del más de un millón de dólares obtenidos por el exrepresentante Edwin Mundo y su esposa, en ese periodo. Ambos facturan miles de dólares más a agencias y municipios.

Wilmarie Rosado Torres y José M. Huertas Torres, donantes del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y otros políticos, han recibido contratos en la legislatura, el gobierno central y los municipios, por un total de $842,000 a través de dos compañías creadas a solo días de que la mayoría novoprogresista juramentara.

El legislador Jorge Navarro ha repartido más de medio millón de dólares en casi una veintena de contratos con allegados, entre los que destacan hijos y parejas, pasadas o actuales, de políticos. A la primera dama de Aguas Buenas, Irasema Flores, le fueron concedidos cinco contratos, algunos para las mismas funciones para las cuales tiene disponible una oficina municipal en el ayuntamiento que lidera su esposo: coordinar servicios para los constituyentes del municipio. El Senado la reclutó como empleada, mientras la alcaldía de Aguas Buenas tiene contratada para el manejo de prensa a la esposa de Mundo.

Esta dinámica de contrataciones a la medida - en que los personajes, como las funciones contratadas, se repiten - abunda en las oficinas de la Cámara y del Senado.

Mientras tanto, los legisladores se resisten a rendir cuentas sobre estos preocupantes usos de los bienes públicos. Los contratos y las pocas facturas que algunos legisladores han presentado acarrean lagunas de información que son contrarias a las prácticas de la sana administración pública.

El pueblo ha exigido a viva voz el cese del despilfarro de los recursos públicos. Nuestra sociedad democrática está fundamentada en los valores de transparencia, rendición de cuentas y sensibilidad con el pueblo.

Las autoridades fiscalizadoras, y la propia legislatura, tienen que asumir un claro propósito de enmienda que promueva el Puerto Rico de pulcritud y justicia reclamado por todas las generaciones de puertorriqueños, en particular las más jóvenes.

En esta encrucijada vital, el electorado juzgará a quienes burlan su confianza con la intención de servir a los suyos o a sí mismos.

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