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La prioridad debe ser el bienestar de los estudiantes

La congelación de $390 millones de fondos federales asignados a Puerto Rico a través de la ley de estímulo económico (Cares), para asistir al Departamento de Educación a proveerles a sus alumnos la oportunidad de estudiar en el nuevo escenario que presenta el COVID-19, exige del gobierno local atender con urgencia los requerimientos de las autoridades educativas estadounidenses.

El nuevo dinero retenido se suma a otros $650 millones que el gobierno federal mantiene congelados desde el año pasado, luego de detectarse ineficiencias administrativas en la Oficina de Asuntos Federales de la agencia. La orden se produjo semanas antes de que trascendieran las acusaciones federales por cargos de corrupción contra la pasada secretaria de Educación, Julia Keleher.

La condición para liberar los fondos es que Educación local contrate a un agente externo -una especie de síndico- que vele por el uso adecuado de los recursos, lo que sigue sin completarse. El requerimiento data del verano pasado, pero no fue sino hasta octubre que la agencia comenzó la licitación. Tomó seis meses más, hasta abril pasado, para que el gobierno estatal informara la selección de una firma de consultoría con la que negocia la contratación.

La gobernadora Wanda Vázquez ha solicitado a la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, que reconsidere la retención de los fondos. Todos los sectores del país y la diáspora deben hacer causa común con el reclamo para no perjudicar a los estudiantes.

Paralelo a esa gestión, que debe ser reciprocada por un diálogo abierto por parte del gobierno federal, la mandataria debe procurar que su administración cumpla con las condiciones para el desembolso y uso de los dineros federales.

La gobernadora destaca en su carta que los estudiantes de Puerto Rico han sufrido dos huracanes, han visto sus escuelas colapsar por una serie de terremotos y ahora han experimentado la ansiedad y la incertidumbre por la pandemia del COVID-19.

Estas emergencias han afectado su aprovechamiento escolar e interrumpido el curso normal del proceso de aprendizaje. Ahora, por la pandemia y la respuesta deficiente del Departamento de Educación, el semestre ha quedado nuevamente interrumpido de forma abrupta, lo que perjudica las oportunidades de desarrollo de los estudiantes.

El estudiantado empobrecido tampoco ha contado de forma adecuada con los alimentos nutritivos para los que el gobierno federal otorga fondos.

Mientras los millones de dólares sigan retenidos por el gobierno federal, los casi 300,000 estudiantes del sistema público estarán sometidos a meses sin atención con la esperanza de reiniciar clases en agosto. Hay que asegurar que, para entonces, las escuelas cuenten con las condiciones debidas para que los niños puedan estudiar sin contagiarse y sin contagiar a sus familiares mayores con el coronavirus cuando regresen a sus casas.

Por eso es tan esencial que se liberen los fondos federales. En medio de las exigencias y trámites administrativos están los derechos humanos, así como el bienestar y el futuro de los niños. El detente en el flujo de fondos federales atenta contra el derecho a la educación, que en Puerto Rico es una máxima constitucional. Lo es, porque es una herramienta real de desarrollo que puede darle movilidad al 60% de nuestros niños que hoy viven sumidos en la pobreza.

Urge mantener estrecha comunicación con las autoridades federales para atender sus requisitos mientras se acelera el paso para culminar, en beneficio de Puerto Rico, el contrato del agente fiduciario de forma responsable.

Una vez se logre, por fin, liberar los fondos, hay que poner al día el sistema educativo para que los planteles sean espacios seguros para los niños, quienes también necesitan la tecnología adecuada para continuar sus estudios a distancia en tiempos de emergencia.

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