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La realidad climática debe moldear el plan de país

En la discusión sobre planes críticos para su futuro, Puerto Rico necesita abordar los numerosos desafíos asociados al cambio climático para delinear su adaptación y las acciones que lo mitiguen.

La experiencia con los huracanes del pasado septiembre confirma esa urgencia. Las variaciones climáticas son una amenaza mayor en nuestros tiempos. Mitigar, adaptarse y educar puede salvar vidas. Una política pública clara al respecto tiene que guiar la reconstrucción del país.

El plan fiscal, la propuesta de reorganización del gobierno, la reforma energética y la ruta de desarrollo económico tienen que atarse a la nueva realidad que dicta el cambio climático.

Más de cuatro meses después de haber sentido la intensidad catastrófica de dos huracanes, Puerto Rico sufre las consecuencias de su falta de preparación. La tragedia obliga a evitar que se repita.

Pero los huracanes son apenas una manifestación del cambio climático. El país lo ha conocido en forma de lluvias extraordinarias como las experimentadas entre 2010 y 2013. O en las sequías de 2014 y 2015. Mediciones científicas confirman el aumento en el nivel del mar en nuestras costas.

En días recientes, la Organización Meteorológica Mundial informó que 2017 fue uno de los tres años más calurosos, junto a 2015 y 2016. La tendencia es ascendente, añadió la entidad. La investigación científica confirma que la acción humana incide en el problema. Lo acelera y puede mitigarlo. Los expertos han advertido que las emisiones de dióxido de carbono aceleran ese ascenso. El jueves, la ONU advirtió que se necesitan esfuerzos sin precedentes para enfrentar los riesgos de desastres asociados al cambio climático.

En días recientes un nuevo proyecto de ley fue radicado en el Senado para abordar el asunto. Corresponde al cuerpo legislativo analizarlo y convocar a vistas públicas. La evaluación y las recomendaciones de los expertos son determinantes.

De inmediato, conocedores señalan que el documento, de 46 páginas, se centra en la mitigación en materia energética, de transportación y de desperdicios sólidos. Propone erradicar en un plazo de diez años el uso de carbón para generar energía. Y bajar en un 20% el consumo energético en las instalaciones públicas. Fija el mismo plazo para reducir en 70% la cantidad de desechos sólidos que llegue a los vertederos. Y para que los vehículos de gobierno sean híbridos o eléctricos.

Expertos adelantan que el problema es más complejo. Y que el proyecto se queda corto en proponer medidas de adaptación, también necesarias. El Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico ha publicado guías de adaptación que ahora actualiza a la luz de los estragos causados por los huracanes del año pasado.

Documentos como ese, entre tantos otros que incluyen evidencia científica, no pueden quedar engavetados. Esos datos validados por expertos tienen que dictar una política pública abarcadora. Porque el cambio climático tiene consecuencias económicas y sociales. Repercute en la seguridad alimentaria y en la salud. Tiene impacto sobre el turismo, las industrias y los empleos. Es un asunto de derechos y de justicia social. Está relacionado con hábitos de consumo y de alimentación. Tiene que ver con modelos de producción y de comercialización.

Puerto Rico necesita tejer una red sólida y amplia que le permita amortiguar los embates naturales futuros. Necesita a sus ciudadanos educados sobre el tema y comunidades preparadas. Necesita viviendas seguras y una infraestructura sólida construida para servir a su población cuando más apremia.

Si algo queda claro cuatro meses después del huracán María es que Puerto Rico no puede rehuir su obligación de actuar ante el cambio climático. Tiene que evitar a toda costa que la pesadilla de los pasados meses se repita. La advertencia de la comunidad científica internacional es que los eventos naturales extremos serán más frecuentes.

La nueva realidad climática tiene que moldear los planes del país.

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