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La salud fiscal depende de la solidez de los recaudos

La estabilidad de las fuentes de ingresos que nutren las arcas públicas es esencial para que Puerto Rico pueda recuperarse de los estragos ciclónicos, e implementar el plan a cinco años diseñado para equilibrar las finanzas del país.

Al presente, el arbitrio del cuatro por ciento sobre las ventas que realizan las empresas foráneas con operaciones en la isla representa una aportación significativa al fisco local. Los recaudos por este impuesto suman alrededor de $1,900 millones al año, en virtud de la Ley 154 de 2010.

En definitiva, el tributo de ese sector empresarial representa casi una quinta parte de las entradas con las que el gobierno provee servicios y realiza proyectos para fomentar la actividad económica. Estas empresas, a su vez, reciben un crédito en sus planillas sobre ingresos federales por el monto de lo contribuido a la isla.

La existencia de este crédito federal aporta al menos a la preservación de empleos en el importante sector industrial que es, sin duda, un componente importante en la agenda de reconstrucción futura.

Por eso, es muy pertinente que el Departamento del Tesoro, cuya sombrilla cobija al Servicio de Rentas Internas, haya aclarado ayer a la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes, que en este momento no tiene intención de eliminar el crédito a la comunidad empresarial foránea radicada en la isla. Este incentivo no está concebido como uno de carácter permanente. El Tesoro ha indicado que el mismo está bajo evaluación. La expectativa es que cese en 2019.

A Puerto Rico le conviene asegurar la estabilidad y solidez de los sectores que históricamente han aportado a su economía, no solo mediante la creación de empleos, sino de plazas especializadas que están entre las mejores remuneradas.

Eliminar el crédito, sobre todo sin una transición saludable o sustituto equivalente, aumentaría el costo de hacer negocios aquí. Le restaría atractivo y competitividad a la plaza industrial puertorriqueña. Recordemos, además, que a Puerto Rico no se le incluyó como jurisdicción doméstica en la nueva reforma contributiva federal. Esto tiene potencial de crear incertidumbre en empresas multinacionales radicadas en suelo puertorriqueño y, así, en la actividad económica local.

El crédito de la Ley 154, concebido para compensar la caída en picada de los ingresos del fisco, ha demostrado su efectividad.

El gobernador Ricardo Rosselló ha indicado que dialoga con el gobierno federal sobre posibles nuevas medidas que beneficien a las finanzas de Puerto Rico. Lo deseable es que el fruto de las conversaciones entre el ejecutivo local y el Tesoro aporten al sostenimiento del flujo de ingresos que el fisco insular necesita para concretar los compromisos del plan fiscal.

Las reformulaciones estructurales que el gobierno de Puerto Rico contempla incluyen una reforma contributiva que haga justicia al contribuyente. Para lograrla, es necesario mantener la estabilidad de las distintas fuentes tributarias, incluida la aportación del sector industrial.

El componente empresarial debe asegurarse de que su voz se escuche en el diálogo con el Tesoro sobre el crédito actual y otros futuros incentivos para Puerto Rico como plaza industrial.

La certeza del marco tributario federal en la actividad foránea radicada en la isla contribuye a un flujo de ingresos que suma estabilidad ante la realidad de crisis fiscal agudizada por los estragos del huracán María. La meta es impulsar la economía puertorriqueña con un presupuesto balanceado y el eventual regreso a los mercados de capital, con el plan fiscal como herramienta y guía.

Caminar en sentido contrario enviaría el mensaje equivocado a los inversionistas que siguen confiando en Puerto Rico. Esa confianza, lejos de debilitarse, tiene que brillar en beneficio de los trabajadores puertorriqueños.

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