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La transparencia informativa conduce a la salud fiscal

La rendición de cuentas y la transparencia financiera son esenciales para la eficiencia de la administración pública. Esta máxima es claramente aplicable a los procesos conducentes a la estabilidad fiscal de Puerto Rico, enmarcada bajo los parámetros de la Ley Promesa.

El estatuto federal valida la función de la Junta de Supervisión Fiscal de fiscalizar el gasto público, como parte de los instrumentos diseñados para que la isla alcance equilibrio presupuestario y pueda reestructurar su deuda pública.

Como cuestión de hecho, los miembros del Congreso están obligados a divulgar el detalle de los gastos de sus oficinas. Producen y publican con regularidad informes con el desglose de sus desembolsos por representación, nómina, viajes, comidas, rentas, transportación, suministros y materiales, entre otros.

Precisamente, los pedidos de información que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal a las ramas del gobierno local se ciñen a estas prácticas de claridad. Manifiestan también la autoridad que el Congreso ha delegado en este organismo, como parte de los procesos de ajuste de la caja pública insular.

La Junta ha incluido a la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión de Derechos Civiles y la Oficina del Contralor en el pedido de información.

Los requerimientos abarcan los niveles de efectivo, los balances en las cuentas bancarias, el flujo de gastos en salarios y contrataciones, así como reportes de la asistencia al trabajo.

Datos como esos sirven de guía para la disciplina fiscal.

La opacidad informativa ha reinado en la historia de la administración pública puertorriqueña, en especial en lo referente a las finanzas. Ello incluye a la Asamblea Legislativa.

Ante los pedidos de la Junta, lo que corresponde es entablar una comunicación constructiva para determinar los procesos que viabilicen la entrega de la información pública y su nivel de detalle. Los informes deben aportar a la nitidez que se busca en el manejo de recursos. De este modo, serán realmente útiles a la labor de fiscalización de la función pública y a su importante papel dentro de la recuperación del país.

Esperamos que estos pasos allanen el camino para instituir una cultura de recopilación y divulgación de datos que resulte vital para la toma de decisiones de política pública; para el examen de la ejecución de responsabilidades; y para la modernización de la administración financiera pública de la isla.

Los informes que la Junta de Supervisión Fiscal solicita a la Asamblea Legislativa y la Judicatura se suman a otra medida cautelar reciente dirigida a establecer la pureza de los procesos de contrataciones, en especial las vinculadas a la reconstrucción. En ese sentido, todo contrato de $10 millones o más deberá pasar el cedazo de la Junta, antes de entrar en vigor, con miras a promover la competencia y asegurar que estén en cumplimiento con el Plan Fiscal dePuerto Rico.

Dichas peticiones están en línea con requerimientos similares hechos a la rama ejecutiva.

El Departamento de Hacienda, por ejemplo, trabaja en la estructura administrativa que servirá para cumplir a tiempo con la reglamentación federal sobre divulgaciones financieras. Siguiendo los esquemas de gobernanza recomendados por la Junta, igualmente se creó la figura de principal oficial financiero de Puerto Rico, con autoridad directa sobre el personal de presupuesto y de finanzas en todas las agencias y corporaciones públicas.

Vistas en su conjunto, la entrega a tiempo de información financiera certera debe abonar a una mayor transparencia y eficacia en la gestión pública. Son herramientas que, junto las reformas estructurales, facilitarán el ajuste fiscal necesario para encaminar el desarrollo económico que tanto espera nuestra gente.

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