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La violencia machista carcome la sociedad

Si algo refleja la inmensa desigualdad en que Puerto Rico mantiene a la mitad de su población, compuesta por mujeres, es la doble vara con la que el Estado asume los feminicidios frente a otros crímenes: los asesinatos de una decena de mujeres - a razón de una por mes - no parecen suficientes para buscar frenar con celeridad el grave problema.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, ha descrito la violencia de género como una de las expresiones más brutales de la desigualdad, contra la cual urge una intervención social con énfasis en la educación. Tiene razón.

Combatir la violencia de género exige voluntad individual y colectiva. Y demanda determinación y compromiso político.

Desde las ramas políticas del Estado y la sociedad en general, se proyecta una indolencia insostenible. Por cada mujer asesinada, miles más son agredidas a diario, física y emocionalmente. Otras son agredidas en forma de marginación u hostigamiento en los centros de trabajo, que causan dolor también a sus familias. Todas estas instancias cuestan productividad y dinero a empresas, al gobierno, a las familias y al resto del país. Sirvan como ejemplo los casos transados por acoso sexual en el Municipio de Guaynabo.

A principios del mes pasado, el gobierno dio un paso, aunque tímido aún, al declarar un estado de alerta por la violencia machista. Pero poco se ha visto en cuanto a enviar un mensaje alto y contundente de cero tolerancia a ese desgarre social. Organizaciones que brindan servicios y conciencian sobre el problema han presentado propuestas específicas para que las autoridades asuman los crímenes contra la mujer como una amenaza real. Entre otras medidas, abogan por que se apliquen protocolos comparables a los que se pondrían en vigor en casos de brotes y epidemias de enfermedades.

La violencia machista es una de las peores epidemias, cuyo germen se contagia desde la cuna. Una medida de inmunización probada es la educación. Nuestros niños y niñas deberían crecer aprendiendo que cada persona tiene los mismos derechos a una vida digna y plena, sin distinciones.

No obstante, nuestros tribunales han tenido que abrir más salas especializadas de violencia doméstica para lidiar con la frecuencia de un problema prevenible. La semana próxima inaugurarán la octava de estas salas, necesarias ante el ritmo de incidencias. La tendencia demuestra la urgencia de afinar las estrategias para prevenir el mal.

Una instancia que revela la desatención son las estadísticas. Por ejemplo, los eventos sobre violencia doméstica en el portal de la Policía se limitan a los primeros tres meses de este año. En ese periodo, se reportaron 1,385 casos, se radicaron cargos en 731 de ellos, pero apenas produjeron trece convicciones. Por medio de la Procuraduría de las Mujeres se sabe que, entre enero y julio, la misma fuente policiaca reportó 3,880 incidentes.

La violencia doméstica es una de muchas agresionescontra las mujeres. Además de la decena de asesinatos a manos de sus parejas o exparejas informados, otras cinco mujeres habían sido asesinadas al 10 de agosto sin que las autoridades hayan determinado el móvil. Solo en la primera semana de octubre asesinaron a dos mujeres. Por otro lado, hasta julio, se informaron 16 violaciones sexuales, cifra idéntica a la del mismo periodo del año previo.

La violencia contra la mujer se cuece y propaga en una cultura que la concibe como inferior. Esa misma cultura deleznable se manifiesta en el abuso contra menores. Las cifras de la Policía, solo disponibles para 2018, dan cuenta de 1,182 casos de maltrato o abuso sexual contra menores. En 974 casos, las víctimas fueron niñas.

Cada persona es igual ante la ley y ese precepto debe ser protegido en cada hogar y comunidad, y por todas las instituciones públicas y privadas. Las autoridades están llamadas a modelar desde sus acciones. Relegar la gravedad de la violencia machista envía un mensaje de manos afuera y laxitud ante un problema que nos carcome como sociedad.

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