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Los fondos federales de salud son para la gente

La intención legislativa de eximir a los ayuntamientos de aportar por dos años al financiamiento de Mi Salud, resguardándolos bajo una cobija de fondos federales no recurrentes, alimenta la perjudicial cultura de parches a la que no se le puede ceder espacio en la agenda correctora del desfase presupuestario de nuestro país.

La medida legislativa en cuestión se hace eco de la ligereza administrativa de conceder remedios temporeros, desprovistos de ingresos continuos y de planes correctivos a largo plazo, para atender asuntos medulares.

La pieza, pendiente de la consideración del gobernador, busca financiar la exención municipal de dos años con parte de los $4,800 millones que Puerto Rico debe recibir para atender la salud de la población médico-indigente en ese periodo.

Los fondos federales asignados para la salud deben usarse para atender a la gente. Las necesidades de la población tienen que estar por encima de cualquier acomodo político.

En demasiadas ocasiones, este desatinado patrón de distribución de los recursos ha sumado cargas pesadas a las finanzas públicas de la isla. Las deficiencias financieras, programáticas y de servicios que sufren los pacientes de Mi Salud se derivan, en buena parte, de la estructura presupuestaria deficitaria que el programa arrastra prácticamente desde su nacimiento por carecer de fuentes de financiamiento recurrentes.

Hoy, en medio de la crisis fiscal, se impone frenar la cultura gubernamental que menoscaba las aspiraciones de reconstrucción del país, por ser contraria a la actitud de saneamiento financiero que se espera de las autoridades públicas.

El gobernador ha dicho que evaluará si la concesión a los municipios, que cuesta $163 millones, impactaría al plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Confiamos que en el examen de la medida legislativa se pondere de forma prioritaria el interés salubrista.

La ocasión se presta para iniciar una reformulación seria de la estructura y las funciones alcaldicias. La propuesta para la creación de condados, como en Estados Unidos, puede servir de plataforma para la discusión.

Por ejemplo, la colaboración entre ayuntamientos para el manejo de desperdicios sólidos y reciclaje; la gestión administrativa; y el desarrollo del empresarismo municipal, es cónsona con las metas de ajustar gastos y desarrollar nuevas fuentes de ingreso.

El pasado temporal demostró el papel que las alcaldías pueden desempeñar mediante la atención directa a damnificados. Se trata, pues, de definir los roles de los ayuntamientos en función de las necesidades legítimas de sus comunidades y del espectro fiscal.

Es cierto que los ayuntamientos enfrentan mermas de población e ingresos. También lo es que recibirán fondos federales, mayormente para reparar o reconstruir infraestructura y viviendas devastadas por el huracán.

La pérdida reciente incluye recortes por $300 millones en dos años del subsidio municipal, y $56millones en contribuciones sobre propiedad y la venta de Lotería a fines de 2017. Por otra parte, la limitación financiera municipal está atada también al gasto desacertado, la ineficiencia administrativa y la agenda política.

Insistir en que los municipios sean réplicas de la estructura y las prácticas desatinadas que han llevado casi al colapso al gobierno central, es darle la espalda al país que hay que construir.

Pretender que permanezcan como están, en menoscabo de la salud del pueblo necesitado, atenta contra la justicia social.

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