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Lucrarse de la necesidad merece castigo mayor

La seriedad de las denuncias sobre un alegado esquema de fraude atribuido a empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos exige una investigación interna diligente y rigurosa para remitir a las autoridades estatales y federales cualquier indicio de irregularidad detectado en servicios críticos de respuesta a la emergencia por el COVID-19.

De ser ciertas las alegaciones, resulta alarmante y deplorable que personas dentro o fuera del gobierno utilicen la necesidad de los ciudadanos para lucrarse. En este caso, las víctimas podrían ser trabajadores que han perdido sus ingresos por causa de la pandemia y que han confrontado problemas para recibir la compensación que les corresponde del seguro por desempleo. De probarse las denuncias, los procedimientos administrativos y criminales que apliquen deben llevarse hasta las últimas consecuencias.

Hasta mediados de mayo, más de 320,000 personas habían quedado sin empleo como consecuencia de la emergencia decretada por el gobierno hace tres meses. Muchas aguardan aún por turnos para que sus reclamaciones sean atendidas.

Las denuncias deben servir para activar las alertas internas en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, así como en otras oficinas de gobierno que ofrecen servicio directo o manejan información confidencial de los ciudadanos. No es la primera vez que surgen señalamientos sobre dichos oportunismos.

En octubre de 2015, el Negociado de Investigaciones Especiales diligenció 38 órdenes de arresto por cargos de corrupción y fraude, entre otros delitos, contra 23 empleados de los Centros de Servicios al Conductor (Cesco) del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Entre los acusados hubo trabajadores del Departamento de Hacienda y del gobierno municipal de San Juan, además de un policía estatal. Al grupo se le atribuyeron esquemas para borrar multas -por lo que cobraban la mitad de la penalidad- y realizar trámites fraudulentos para obtener licencias. En aquel momento, oficiales a cargo de las investigaciones indicaron que los empleados tenían “su propia micro organización”, al destacar que no estaban conectados unos con otros.

Un año antes, cinco trabajadores, también de Cesco, algunos con más de 20 años como empleados públicos, fueron arrestados junto a cinco gestores de cargos de participar en un esquema de fraude que llevaba años de operación.

Solos o en grupos, han surgido otros casos de empleados que han buscado aprovecharse económicamente de su puesto pagado con fondos públicos, en claro menosprecio a la misión de servir a su país.

Lamentablemente, este tipo de actividad ilegal ha contado, en cierta medida, con la cooperación de ciudadanos que, por evitar esperas y burocracias, acceden indiferentes a la corrupción. Otros aceptan participar de estos esquemas en busca de economías que terminan por restarle recursos al país.

La corrupción que en distintos grados desvirtúa la misión del gobierno de Puerto Rico es la razón principal que arguye el gobierno federal para retener fondos asignados para mitigar las emergencias recientes causadas por los huracanes, terremotos y la pandemia. También mantiene las suspicacias de inversionistas que la isla necesita para su recuperación económica.

Empleados y ciudadanos tienen la responsabilidad de negarse a participar de estos desvíos éticos y denunciar ante las autoridades a quienes se alejan de los debidos procedimientos en detrimento del servicio público. En la medida en que más ciudadanos desisten de cooperar con esas manzanas podridas, se envía un mensaje alto y claro de que Puerto Rico quiere y merece un servicio público dedicado y responsable. También, se hace justicia con la mayoría de los empleados públicos que cada día ponen el mejor empeño para cumplir con su deber.

De inmediato, es menester que todas las agencias del gobierno revisen los controles que rigen sus procesos y la supervisión efectiva. Es preciso también retomar la cultura del mérito y la sana administración como antídotos a las estructuras que eluden la supervisión y erosionan el servicio público.

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