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Mayor pureza y eficiencia en el sistema electoral

El derecho al voto de los ciudadanos para elegir a su gobierno forma parte de las prácticas fundamentales de la democracia. Puerto Rico tiene que proteger el organismo responsable de garantizar ese ejercicio y procurar su buen desempeño.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene que encaminarse a reformar su estructura y operaciones para ajustar presupuestos y maximizar el uso de los fondos públicos. Hiere al país que un organismo que apenas tiene funciones tres años cada cuatrienio, consuma más de $30 millones anuales para mantener una amplia plantilla de empleados y contratistas de los tres partidos inscritos sin que sean necesarios todo el tiempo.

El reclamo de fondos adicionales para llevar a cabo elecciones especiales en noviembre y las primarias de junio exige un escrutinio profundo de la administración presupuestaria en el organismo para asegurarse de que priorice en los procesos electorales que se avecinan.

Además, urge el diálogo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para documentar y encaminar los ajustes presupuestarios correspondientes. A pesar de válidas medidas de austeridad, el dinero debe hacerse disponible para realizar las votaciones pendientes y proteger la integridad de cada sufragio.

El organismo dice que le faltan más de $25 millones para los procesos preelectorales, las primarias del año que viene, locales y presidenciales. Además, pide $131,796 para llevar a cabo las elecciones especiales para ocupar dos escaños en el Senado y dos alcaldías. Aduce que el gasto no estaba presupuestado en la partida de $28 millones que la JSF le autorizó. El presupuesto solicitado originalmente, para este año fiscal, era de $53 millones.

La CEE ha pedido cuatro reasignaciones de fondos, de las cuales retiró una, para pagar servicios profesionales y nómina, además de pagar a la empresa que le vendió el sistema de escrutinio electrónico. Mientras, las máquinas de votación siguen almacenadas por falta de mantenimiento debido a la deuda y se anticipa que no serán utilizadas en las votaciones próximas por economías. Las máquinas son necesarias para procesos como las primarias, como mecanismo de pulcritud.

Las argumentaciones de la CEE denotan una clara deficiencia administrativa. Como ha sido con el país, se incurre en la cultura de pedir más sin ceñirse a la nueva realidad presupuestaria. De esta forma, el organismo se refleja como criatura de una clase política indiferente a la bancarrota y a la austeridad que se le exige al pueblo. En vez de poner en riesgo procesos democráticos debe evaluarse cada gasto que absorbe presupuesto. A corto plazo, puede encontrarse el dinero que le falta a la CEE, por ejemplo, recortando contratos innecesarios en la legislatura.

A largo plazo, tiene la gobernadora Wanda Vázquez la oportunidad de convocar al liderato de los tres partidos y otros grupos interesados para buscar consensos que permitan reorganizar y hacer más eficiente la CEE. Debe evaluarse, por ejemplo, lo innecesario de tener una Junta de Inscripción Permanente en cada pueblo, cuando con menos personal, aunque siempre con representación de cada partido, pueden llevarse procesos de inscripción o resolver problemas de electores sin necesidad de pagar local y multiplicar empleados sin tareas. En el pasado, también la CEE facilitaba la gestión a potenciales votantes, llevando mesas de inscripción a las escuelas superiores, que además impulsaban la participación electoral de más jóvenes.

Los cambios que se acuerden, por consenso, deben esperar al primer año del próximo cuatrienio para ser implantados, evitando alterar los procesos eleccionarios de este año y el próximo.

No será la primera vez que los partidos se pongan de acuerdo en beneficio de un sistema custodio de nuestra democracia. En cinco ocasiones, así se han logrado acuerdos de redistribución electoral. Pero es insostenible que la CEE continúe drenando fondos en gastos superfluos que deben estar dirigidos a cuidar con celo la eficiencia y confiabilidad de nuestro sistema electoral.

La institución electoral, instrumento imprescindible de la democracia, debe prevalecer ante la voracidad presupuestaria de una administración deficiente que ha contado con la condescendencia de los partidos.

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