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Minar la corrupción como paso de progreso

La severidad de la condena a la extitular de la Administración de Desarrollo Laboral (ADS), Sally López Martínez, transmite un mensaje de repudio e intolerancia a la actividad ilegal que ha corrompido el servicio público en la isla por demasiado tiempo y a la que hay que decir basta ya.

La condena de nueve años por los delitos de conspiración, soborno y fraude en servicios honestos al pueblo fue impuesta por el juez federal Pedro Delgado como parte de un caso cuyas ramificaciones se extendieron como hiedra venenosa por organismos de las ramas ejecutiva y legislativa. Otros tres convictos, aún pendientes de ser sentenciados, son la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos, Ivonne Falcón Nieves y su hermana Marielys Falcón, y el exayudante especial en la Cámara de Representantes, Glenn Rivera Pizarro.

Según trascendió en el juicio, todos ellos participaron en esquemas de venta de influencia ideados por el recaudador de fondos para el Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, con miras a lograr contratos gubernamentales y acceso a las más altas figuras del poder político.

Para lograr sus propósitos, Hernández además usaba sus contactos para colocar a sus allegados en posiciones claves en el gobierno. Entre ellos quedó evidenciado que figuraba López, quien concedió al empresario un total de $1.7 millones en contratos de la entidad pública mientras que Hernández obsequió a la mujer con regalos, almuerzos y taquillas por unos $3,000.

El avance en el enjuiciamiento por estas estratagemas, por las que se declaró culpable Hernández, refleja que el foro judicial aplicará todo el rigor de la ley a los protagonistas de actos probados de inversionismo político y otras dinámicas ilegales que, por desgracia reiterada, dañan la administración gubernamental y minan la confianza en el servicio público.

Como jefa de la ADS, López Martínez pudo usar su potencial de ejercer su influencia y poder para adelantar la misión de la agencia de gestionar oportunidades laborales a la creciente población sin empleo. El titular de una agencia está llamado a promover con su ejemplo y acciones la integridad de los procesos gubernamentales. Pero López Martínez desaprovechó su liderazgo y las cualidades que se le reconocieron dentro y fuera del tribunal y cedió ante lo que creyó que era una amistad y el lucro.

La condena a la joven madre con una carrera laboral incipiente supone repercusiones lamentables para su familia y revelan otra cara trágica de la corrupción.

Aunque hay abogados de defensa que señalan que hay gestores de esquemas ilegales que no enfrentan castigo, la terrible condena de cárcel y de restitución de dinero a López Martínez dictan un mensaje claro de cero tolerancia a los juegos políticos con los dineros del pueblo.

Hay que decir un basta definitivo al fenómeno de la corrupción que había estado escondido ante la inmediata crisis fiscal y económica que cargamos a cuestas. La sucesión de acusaciones y casos recientes muestra que las mentes criminales siguen activas e inventando nuevas tramas de apropiación, a las que empiezan a darle forma desde antes de entrar a ocupar cargos públicos.

La percepción de que Puerto Rico carece de controles que eviten la apropiación de los dineros públicos es terrible. Afectan la confianza en el gobierno y dañan el clima para hacer negocios de manera leal y en igualdad de condiciones. Además, en la coyuntura actual, bajo la supervisión de una junta fiscal que tiene total injerencia en el presupuesto gubernamental, es aún peor, por lo que sugiere en torno a la fiscalización de las paupérrimas finanzas gubernamentales.

Por ello no se puede bajar la guardia en cuanto a encaminar prácticas proactivas que desalienten las iniciativas de fraude y otras dinámicas de desvío de fondos públicos, antes de que se malogren programas o servicios para los ciudadanos y el buen desarrollo del país.

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